La violencia estalla en Maya Balam

Por Carlos Barrachina Lisón

El subdelegado Pedro Ramos Riego, y los ciudadanos Eleazar Gómez Ramírez, César Jacinto González y Andrés Pedro Mateo, tienen a su servicio gente armada, que llegó tras el aterrizaje de una avioneta cargada de drogas, que posteriormente fue quemada. También manejan de forma privada una "cárcel" local; y son responsables de la quema de una vivienda particular, una granja porcina, una unidad de transporte de pasajeros; así como de la privación de la libertad de Anacleto Mendoza (golpeado, y torturado), Alberto Mateo y Romelio Hernández. También del robo mediante la fuerza de 5 concesiones de transporte. Son la causa del auto exilio de 22 habitantes de la comunidad, producto de estas acciones, y de amenazas de perder la vida, y ser quemados vivos; así como de la solicitud de "urgente intervención de auxilio" que el día de ayer se presentó ante diferentes autoridades estatales y municipales.

Enrique Marcos de León, líder de Transporte Unido Maya Balam SC de RL, denuncia todas estas acciones, después de sentir que las autoridades le han dado la espalda a la comunidad. Numerosas llamadas al 911 y a la policía municipal de Bacalar se resolvieron con la respuesta de que no tenían suficientes elementos para poner orden. Las carpetas de investigación abiertas en la fiscalía de Bacalar no parece que se muevan, mientras que las acciones violentas se materializan.

El miedo de los asociados de esta cooperativa que provee el transporte de pasajeros a la comunidad se convierte en una realidad peligrosa cuando no sólo suceden las acciones anteriormente señaladas, sino también, cuando en la megafonía de la comunidad se les amenaza de forma constante, y se les advierte que tanto el gobernador, como el secretario de Seguridad Pública, como el presidente municipal de Bacalar se encuentran apoyando las acciones del subdelegado Ramos Riego y sus amigos. También cuando estos personajes reúnen a una asamblea de la comunidad que no tiene amparo legal, y recurren a la figura de "usos y costumbres", que no tiene lógica ni tradición en las comunidades rurales del municipio de Bacalar, o bloquean accesos carreteros y actúan con violencia desmedida sin que la autoridad legítima se manifieste.

¿Cuáles son los hechos? Según las denuncias, los poderes fácticos de la comunidad quieren quedarse con las concesiones de transporte otorgadas en la época de Hendricks a "Transporte Unido Maya Balam SC de RL".

El día 11 de septiembre se firmó un acuerdo con la presencia de Enrique Paniagua, conciliador enviado por la Secretaría de Gobierno del Estado. Según Marcos de León este acuerdo se invalida porque fue obtenido mediante amenazas. Días después de esta firma no consensuada las "autoridades" de la comunidad mandaron a quemar la unidad de transporte en represalia por la negativa. En esos momentos se estaba requiriendo que los conductores de los vehículos entregasen tres mil pesos mensuales sin recibo formal para poder acceder a la comunidad.

El Día de Reyes del 2020 la violencia escaló y Anacleto Mendoza, Alberto Mateo y Romelio Hernández fueron privados de su libertad, en la cárcel comunitaria, y torturados. Estos hicieron entrega de cinco de las ocho concesiones de transporte, mientras que Ramos Riego solicitó al director del Instituto de Movilidad del Estado que se hicieran entrega de las tres restantes. En estos días se quemó una vivienda con gente en su interior, se atacó la granja y 22 personas tuvieron que salir de la comunidad y refugiarse en Chetumal.

¿En dónde se encuentra el Estado? ¿Se puede permitir la violencia privada con este elevado grado de impunidad? En estos momentos la discusión sobre las concesiones de transporte pasa a segundo plano. Si el gobierno del estado no actúa de forma contundente, estará reconociendo de forma implícita, que son ciertos los anuncios que se expresaron en la megafonía de la comunidad, sobre su autorización a las acciones violentas.

¿En dónde queda el presidente Alexander Zetina? ¿Un representante de su municipio tiene la autoridad de tomarse la fuerza por su mano, invocar "usos y costumbres" inexistentes y no sólo amenazar sino violentar a los ciudadanos? Estas acciones son típicas de algunas células del crimen organizado, pero nunca deben ser toleradas, ni auspiciadas por la autoridad legítima.