El gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, ha paralizado las obras de carácter social durante 2020, luego de que diera a conocer un presupuesto de egresos programable de 25 mil 347 millones 279 mil 926 pesos para 2020.
En lo que va del actual ejercicio fiscal ha ejecutado ocho millones 350 mil pesos en obra pública ajena a la emergencia sanitaria por COVID-19, esto de acuerdo con el informe proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan).
El documento revela que, en 2019, de los recursos públicos aprobados para mejorar infraestructura en el estado, solo ejerció 57.9 por ciento del que se programó, es decir, no cumplió con trabajos en la dignificación de comunidades de los municipios de Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto.
En el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Obras Públicas programó gastos de 101 millones 660 mil 531 pesos, siendo la dependencia 11 en relación al presupuesto de egresos planeado. La primera fue la Secretaría de Seguridad Pública con dos mil 222 millones 871 mil 684 pesos; como segunda está la Sefiplan con 905 millones 342 mil 186 pesos; la tercera es la Secretaría de Educación con 453 millones 116 mil 163 pesos.
El número de obras públicas en Quintana Roo ha ido en descenso en la presente administración estatal, pues en 2017 fueron programadas 431 acciones; en 2018 planearon 228 trabajos; en 2019, el número bajó a 154; y en 2020, en la lista únicamente hay 79 proyectos en los que ya están incluidos 10 que tienen relación con la reconversión y mejora de hospitales para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. La cantidad de obra para el actual ejercicio fiscal representa 18 por ciento del primer año de gestión de Carlos Joaquín González.
Con base a la información otorgada por la Sefiplan, de las 79 obras que el gobierno estatal pretende hacer en este año, 66 son financiadas con recursos federales (618 millones 521 mil 101 pesos) y 13 con dinero público (177 millones 790 mil 499 pesos); del dinero proveniente de la federación, 49 por ciento fue ejercido y del estatal, 18 por ciento; esto a dos meses de que acabe el ejercicio fiscal 2020.
Las obras, ajenas a las hechas por la emergencia sanitaria que en 10 meses ha programado el gobierno de Quintana Roo, son la sustitución del colector de aguas residuales y el cambio del emisor a presión de un cárcamo, ambas en Cozumel, pero según la Sefiplan, los recursos asignados a los trabajos no han sido ejercidos; además, está planeada, ya con dinero aprobado, la rehabilitación de la carretera ramal que va de José María Morelos a la Esperanza, pero de los más de 31.5 millones de pesos avalados sólo ha invertido ocho millones 350 mil pesos.
El año pasado, la administración de Joaquín González no ejerció todo el presupuesto estatal programado y aprobado para obras públicas, pues de los 356 millones 158 mil 317 pesos que fueron avalados, sólo ejerció 206 millones 250 mil 774 pesos y dejó pendientes 25 proyectos, la mayoría en la zona maya, una de las zonas más vulnerable e históricamente olvidadas de la entidad.
Pandemia
Para la reconversión y mejora de la infraestructura hospitalaria, el gobierno federal ha aportado 15 millones 172 mil 162 pesos que ya fueron aplicados en la reconversión del área de juegos del Hospital General de Cozumel y la del albergue del Hospital General de Playa del Carmen para que funcionaran como unidades de contención hospitalaria COVID-19, también para la conservación y mantenimiento del nuevo hospital de Tulum para que pudiera ser puesto en operación.
Además, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de septiembre y 1 de octubre fueron publicados sendos convenios de colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para atender temas del rubro de salud.
La primera publicación habla de la transferencia de ocho millones 525 mil 485 pesos y la segunda de 53 millones 804 mil 895 pesos.
La rendición de cuentas en relación a los gastos por obras, compra de despensas y adquisición de insumos es una acción pendiente de los sujetos obligados ante el Congreso del Estado, el cual, no los ha llamado para que expliquen la cantidad de recursos públicos utilizados y su origen.
Aunque hay datos vertidos en el micrositio para transparentar los gastos de los gobiernos y sus diversas áreas, habilitado en la página de Internet del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, estos no son claros, pues no todos cuentan con las copias de las facturas de pago.
Por otro lado, ya pasó más de un mes del informe del gobernador y, hasta ahora, los diputados locales no han llamado a comparecer a ninguno de los titulares de las secretarías estatales.
De acuerdo con el último informe de la Unidad para la Transformación de los Congresos, la cámara local de Quintana Roo es una de las 22 en el país que no ha llamado a los funcionarios públicos para conocer las acciones en torno a la emergencia sanitaria.
A más de un mes de que fue realizado el cuarto informe de gobierno estatal, tampoco se han promovido reuniones entre las comisiones de diputados con los integrantes del gabinete para pedirles cuentas de su desempeño durante el actual ejercicio fiscal.
De acuerdo con la agenda del Congreso del Estado, este martes, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil va a definir la fecha de comparecencia del secretario de Seguridad Pública y del coordinador estatal de Protección Civil.
El artículo 75 de la Constitución Política de Quintana Roo, así como el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a la legislatura a solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen cuando se discuta o estudie un asunto relativo a su dependencia.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que las dependencias del Ejecutivo del Estado, los municipios, así como sus organismos descentralizados y empresas de participación y fideicomisos públicos, observando las disposiciones legales respectivas, están obligados a proporcionar a los diputados la orientación e información necesarias para la realización de sus gestiones.
El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, también faculta al órgano legislativo a establecer el procedimiento para que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal, amplíen y precisen en sus respectivos ramos el informe que anualmente rinda el Titular del Poder Ejecutivo.
Por Eva Murillo