Los colonos de Isla Blanca denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al presidente municipal Juan Carrillo Soberanis por el caso de la destrucción de 10 mil metros cuadrados de plantas nativas en el lote 14, fraccionamiento Santa Fátima en verano de 2019, confirmó Carlos Castells, presidente de la asociación de colonos.
La querella se hizo por escrito el pasado 2 de octubre y fue dirigida a la titular de la dependencia, Dra. María de la Luz Mijangos Borja, e involucra en la denuncia por “reiteradas omisiones a la protección del medio ambiente en la zona continental de Isla Blanca” al director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Nivardo Fernández Martínez.
Éste habría facilitado “la destrucción al medio ambiente” por las empresas “Grupo Malvistus S.A. de C.V.” y “Makinganentrance S.A de C.V.”, las cuales desde su inicio (de los trabajos de desmonte y excavación de material pétreo) ignoraron las leyes y reglamentos debidamente señalados por diferentes autoridades”, señala el documento.
Este tema se dio a conocer en agosto de 2019, era una de tres destrucciones del medio ambiente en los últimos 11 años cuando se excavaron cientos de metros cúbicos de material pétreo y arena para ser trasladados con presunta impunidad a la Riviera Maya, sin que la Profepa y autoridades municipales y estatales intervinieran, según la Asociación de Colonos de Isla Blanca, Asociación Civil.
En su momento, la mesa directiva de esta organización solicitó por escrito un informe al gobierno municipal por tal magnitud de destrucción, pero no hubo respuesta, sin embargo, ante la presión que provino por denunciar el caso ante la Profepa y en juzgados, Desarrollo Urbano actuó en septiembre para colocar sellos de clausura, mientas los trabajadores continuaban con la destrucción como si nada.
Carlos Castells espera que también haya efecto por esta denuncia federal en la Profepa Quintana Roo “por la manera parcial” como ha actuado en torno al tema, en evidente interés personal, por lo que se presupone que está en la mira el subdelegado, Raúl Albornoz Quintal, personaje que va en contra de la 4T”.
Ante un juez, este funcionario federal cuestionado alegó que en el lote 14, de Santa Fátima, “sí se cuenta con la autorización para la construcción en una zona de ecosistema costero, para las obras y actividades consistentes en un muro, baños, desmonte de vegetación costero y forestal, los cuales fueron denunciados”.
Pero que su personal “llevó a cabo la ejecución de la orden de inspección en materia de Impacto Ambiental, identificada con el número PFPA/29.3/ZC.27.5/0101-19 de fecha 19 de septiembre de 2019, circunstanciado los hechos observados en el sitio, en el acta de inspección número PFPA/29.3/ZC.27.5/0101-19 de fecha 25 de septiembre, observando hechos y omisiones que posiblemente constituyen hechos contra la legislación ambiental”.
Cabe señalar que no clausuró la obra, según el informe de Albornoz a la licenciada Silvia Jiménez Hernández, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito, en respuesta al juicio de amparo número 1337/2019-VII, con fecha 12 de agosto 2020.
Por Ovidio López