Quintana Roo es el estado con mayor número de personal adscrito a fiscalías, con mil 841 personas de agencias administrativas y mil 406 en ministerios públicos, en comparación de los demás estados de la Península de Yucatán, de acuerdo con el Décimo Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 realizado por el Inegi.
A nivel peninsular, es el estado con mayor incidencia delictiva de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y también la entidad con más personal administrativo y operativo en comparación con los estados de Yucatán y Campeche.
A esto se suma que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la procuradora de justicia estatal que mayores recursos recibió en 2019 al manejar un presupuesto de 738 millones, mientras que Yucatán percibió 476 millones de pesos y Campeche 444 millones de pesos.
Sin embargo, la entidad sólo cuenta con 200 personas en el departamento de servicios periciales divididos en 15 unidades y cinco laboratorios, mientras que Yucatán emplea 217 peritos en cuatro unidades y ocho laboratorios para la procuración de justicia.
Los delitos de alto impacto como homicidios, extorsión, robo de vehículos y secuestros, mantenían a la entidad en el primero semestre de este año en la segunda posición a nivel nacional, sólo por debajo del estado de Colima.
A pesar de ser la entidad con los índices de violencia más altos en la región, cuenta con 200 personas para servicios periciales y/o médicos forenses, una cifra menor a la de Yucatán, que tiene 217 elementos y donde sus índices de delitos y homicidios dolosos son muy inferiores a lo que registra el estado. Esto influye en el índice de expedientes abiertos que se reportaron, cuatro mil 282 en Quintana Roo, mientras que en Yucatán fue de tres mil 547 y en Campeche de dos mil 390, lo que ha llevado a la búsqueda de mayor eficiencia en la procuración de justicia.
Lo anterior ha derivado en la depuración de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte del fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales. Acciones de carácter administrativas y operativas han generado paro de labores de agentes de investigación y personal de servicios periciales que demandan homologación de sueldos y mejores condiciones laborales.
Análisis nacional
El informe del Inegi detalla que, al cierre de 2019, se reportaron mil 458 unidades administrativas en las procuradurías o fiscalías generales de Justicia a nivel nacional, en las cuales se encontraron adscritos 95 mil 150 servidores públicos; de ellos, 56.9 por ciento fueron hombres y 43.1 mujeres.
Asimismo, 27.5 por ciento del personal femenino contó con un rango de ingresos brutos mensuales de más de 10 mil pesos hasta 15 mil pesos; en cambio, 29.6 por ciento
del personal masculino percibió un ingreso bruto mensual mayor de 15 mil pesos hasta 20 mil pesos.
Cabe destacar que la unidad de análisis son las procuradurías generales de Justicia o fiscalías generales de cada entidad federativa y el periodo de levantamiento del censo ocurrió del 3 de febrero al 10 de julio de este año.
Por Rubén Cruz