Como parte de su reingeniería administrativa, el gobernador Carlos Joaquín González pretende mediante acuerdo desaparecer la Oficialía Mayor de Gobierno y pasar sus funciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero sin que a la fecha exista la reforma de ley respectiva y su aprobación en el Congreso de Quintana Roo, por lo que en la XVI Legislatura se busca promover una controversia constitucional al violentar el debido proceso legal.
La reestructuración administrativa del gobierno de Carlos Joaquín ha reconvertido 6 dependencias y creado 3 nuevos institutos estatales, además de que está pendiente la creación de un Instituto de Vivienda, todo ello derivado de una serie de reformas aplicadas en los últimos 4 años a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo.
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Además, mediante una serie de reformas a la Ley del Patrimonio del Estado, el Instituto del Patrimonio del Estado (Ipae) se transformó en la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico.
Los últimos cambios relacionados con esta reingeniería gubernamental se dieron en el presente año, cuando el pasado 8 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo por el cual se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para la simplificación de la administración pública centralizada.
Con este acuerdo se propuso desaparecer la Oficialía Mayor de Gobierno y sus recursos humanos, materiales y financieros se trasladaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual absorbió sus funciones.
Desde la XVI Legislatura se busca combatir y dejar sin efectos este procedimiento, mediante un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido del Trabajo (PT), ya que sus diputados consideran que se violentó el debido proceso y que no tiene validez legal.
Con este punto de acuerdo que ingresó a Oficialía de Partes del Congreso desde el pasado 13 de julio, pero que a la fecha no ha sido atendido, se solicita una acción de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la posible invasión de competencias del Poder Ejecutivo del estado.
Los legisladores promoventes consideran que se está violando el debido procedimiento legal, al crear una “súper secretaría”, instruyendo la desaparición de la Oficialía Mayor y cediendo sus funciones y facultades a la Sefiplan, pero sin que exista el decreto correspondiente aprobado por la Legislatura local.
Para poder hacer esto, explican el diputado Roberto Erales, primero se necesitan reformar las leyes estatales en la materia, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, lo cual es competencia de la Legislatura en turno, quien primero debe revisarlo, dar su aprobación y posteriormente publicarse en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual se le daría la validez legal correspondiente.
Sin embargo, el acuerdo que propone la desaparición de la Oficialía Mayor se publicó desde el pasado 8 de julio, y aunque el citado organismo se mantiene, este ya no cuenta con un titular y la Sefiplan ya inició el proceso respectivo de reconversión para absorber sus funciones.
Reorganización gubernamental
Las dependencias que han sufrido cambios durante la presente administración son la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), que ahora es Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso); la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que se transformó en Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetu); la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), que se convirtió en Secretaría de Obras Públicas (Seop); la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), a la que se le anexó el área de Pesca (Sedarpe); la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), que quedó como Secretaría de Educación (SEQ), y la Secretaría de la Gestión Pública que pasó a ser Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).
Derivado de esta reingeniería administrativa fueron creados el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (Inmaya), el Instituto de Movilidad (Imoveqroo) y el Instituto de Cultura y las Artes (ICA), pero está pendiente el Instituto Quintanarroense de la Vivienda (IQV), el cual no se ha podido consolidar por falta de presupuesto.
Con estos cambios hubo leyes estatales que quedaron obsoletas y que a la fecha no han sido actualizadas, ya que en uno o más artículos citan a alguna de las dependencias que se reestructuraron y por tanto ya no existen, por lo que su contenido carece de validez legal.
Entre estas leyes se encuentran la de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, que como parte de su contenido incluye a la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, organismo que ya no existe porque se transformó en la Sedeso.
Está también la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, cuya aplicación corresponde a distintas dependencias, incluidas la Secretaría de Educación y Cultura, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, las cuales tampoco existen en la actualidad.
Otras leyes son la de Fomento y Desarrollo Pecuario, cuyo contenido cita a la Sedatu, actualmente Sedarpe; la Ley de Patrimonio Cultural que incluye a la SEC, actualmente SEQ; así como la Ley de Presupuesto y Gasto Público de Quintana Roo, que encomienda la fiscalización del ejercicio del gasto público a una instancia inexistente, que es la Secretaría de la Gestión Pública, ahora Secoes.
Los primeros organismos en sufrir cambios fueron la Sedesi, Sedaru y SEC, mediante una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública aprobadas en mayo de 2017 por la pasada XV Legislatura, luego se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 23 de junio de ese mismo año.
El argumento empleado fue que con estas modificaciones se buscaba evitar el excesivo burocratismo e ineficiencia en la función pública, además de dar mayor participación a los sectores que dan atención directa a los ciudadanos.
De esta manera se reconvirtió a la Sedaru, otorgándole impulso a la Pesca, para quedar como Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero (Sedarpe).
Con respecto a la SEC, ésta se dividió para quedar como Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y dar paso a la creación del Instituto de la Cultura y las Artes.
La Sedesi se transformó en Sedeso y a partir de ello fue creado el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (Inmaya), partiendo de la necesidad de contar con un organismo especializado que logre una efectiva coordinación de los apoyos a los grupos étnicos, especialmente en lo que se refiere a la puesta en valor de la cultura maya.
Después de este cambio le siguió una reforma a la Ley de Patrimonio del Estado, aprobada por la XV Legislatura en junio de 2017, y publicada en el Periódico Oficial el mismo mes y año.
Con esta reforma se puso fin al polémico Ipae, organismo que fue empleado en la administración “borgista” para la compra-venta de terrenos, propiedad del estado, a precios que estaban muy por debajo de su valor real, los cuales fueron rematados para favorecer a amigos, exfuncionarios y familiares del exgobernador Roberto N.
Es así como el Ipae se transformó en la Agencia de Proyectos Estratégicos y a la par con ello se impulsó en esas mismas fechas la Ley de Asociaciones Público-Privadas como un complemento de la agencia para impulsar proyectos viables de asociación público-privados, con el fin de dotar de mayor infraestructura y mejores servicios a la sociedad quintanarroense.
En los transitorios del decreto, se estableció que los recursos humanos, materiales y financieros del Ipae se transfieren a la Agepro, organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo objetivo será el de aprovechar el patrimonio inmobiliario de la administración pública estatal. Con estos cambios quedó abrogada la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios.
Luego vino la transformación de la Seduvi y la Secretaría de la Gestión Pública, que se convirtieron en la Sedetus y Secoes, respectivamente, mediante la aprobación de nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, lo cual se hizo en julio de 2017 y obtuvo el respaldo de la XV Legislatura.
El cambio de nombre a la Sedetus y Secoes fue instruido en el Decreto 083, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de julio de ese mismo año. En el caso de la Secoes, la dependencia recibió nuevas atribuciones conferidas por el Sistema Nacional Anticorrupción y su referente en el estado.
En abril de 2018 la XV Legislatura aprobó otra serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con lo cual se elevó a rango de dependencia la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, asignándole atribuciones y obligaciones a desarrollar en conjunto con la Administración Pública Central y Descentralizada. Esto se validó mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2018.
Posteriormente vino la transformación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), que se convirtió en Secretaría de Obras Públicas (Seop) y ahora atiende exclusivamente ese sector, mediante reformas aprobadas por la XV Legislatura en diciembre de 2018 y publicadas ese mismo mes en el Periódico Oficial del Estado.
El cambio de la Seop obedeció a la publicación de la Ley de Movilidad, que entró en vigor en diciembre de 2018 y mediante la cual fue creado el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), sectorizado a la Sedetus y responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal.
El objetivo del Imoveqroo es la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad.
Sin embargo, tras casi dos años de su creación, el Imoveqroo no ha publicado su reglamento interno, lo que ha generado incertidumbre y reclamos por parte del sector transportista del estado, al señalar que ese organismo está trabajando fuera del marco legal.
Sigue pendiente la creación del Instituto Quintanarroense de la Vivienda (IQV), el cual no se ha podido consolidar por falta de recursos, según lo declarado por el titular de la Sedetus, Carlos Ríos Castellanos.
La formación del IQV está pendiente desde agosto de 2018, como parte del Decreto 194 aprobado por la XV Legislatura, mediante el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley de Acciones Urbanísticas y reformas a la Ley de Vivienda del Estado, entre otras disposiciones.
El IQV será un organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Sedetus, cuyo objeto es hacer una realidad el derecho a una vivienda adecuada para toda la población, contribuyendo al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano del estado, mediante la formulación, coordinación y ejecución de programas de producción, financiamiento y comercialización de suelo y vivienda, en sus diferentes modalidades.
Sin embargo, como este organismo sigue siendo inexistente, la Sedetus está encargada de asumir y ejecutar todas sus funciones.
Por Gabriel E. Manzanilla
Por Redacción Digital Por Esto!
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