El 13 de septiembre de 2016 el expresidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, se reunió con Jorge Amado Che Rojas, representante de la empresa Construcciones e Ingeniería JCHE, para consumar un contrato millonario.
Cinco años más tarde, ese negocio derivó en la orden de aprehensión en contra del exmagistrado, bajo la acusación de desvío de dos millones de pesos.
Noticia destacada
Fiscal de Quintana Roo niega aumento de la violencia; es un tema de percepción ciudadana, dice
Cuando apenas tenía 18 meses de creación, Villanueva Rivero otorgó a la empresa Construcciones e Ingeniería JCHE el contrato para la “ampliación de oficinas para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Isla Mujeres, Quintana Roo”.
Noticia destacada
Giran orden de aprehensión contra expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Q.Roo
El exmagistrado rubricó el contrato TSJ/DRM/2016/AMPLIACION-OJP-ISLA/FASP, un acto que suele ser delegado al encargado del Área de Finanzas del Poder Judicial.
El contrato fue signado por seis millones 867 mil 107 pesos. De los cuales, la UIF ha señalado a Villanueva Rivero de desviar alrededor de la tercera parte del monto; es decir, dos millones de pesos.
Para pagar la obra pública, el Poder Judicial de Quintana Roo dispuso de dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2016, que le autorizó la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del oficio SEFIPLAN-DPP-CEE-0035, en la recta final de la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien fue encarcelado por presuntos desvíos del erario que ascienden a dos mil millones de pesos.
Para ejecutar esta obra, el contratista tenía un plazo de cuatro meses, del 19 de septiembre de 2016 al 16 de enero de 2017. El contrato no detalla cuáles eran las obras de ampliación que debía realizar la empresa.
Cinco años después de la firma de este contrato, la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción emitió una orden de aprehensión en contra de Villanueva Rivero por el presunto desvío de dos millones de pesos durante la ampliación del edificio construido en Isla Mujeres.
Además, dos días después de dejar el cargo como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el 10 de septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Villanueva Rivero por inconsistencias en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por supuestas inconsistencias durante su cargo al frente del Poder Judicial de 2015 a 2018.
El 19 de marzo de 2015 Jorge Amado Che Rojas y Daniel Argelio Peraza Sánchez crearon la empresa Construcciones e Ingeniería JCHE en Chetumal, de acuerdo con el Acta Constitutiva 325.
Desde su creación, la empresa tuvo como objeto social dedicarse a la edificación de obras, tanto públicas como privadas, incluso ser proveedora de los gobiernos federal, estatal y municipal, además de otorgar créditos financieros.
Un año después de la firma del contrato de la obra pública con el Poder Judicial, Peraza Sánchez vendió sus acciones a Che Rojas y a Jorge Amado Che Presuel. Y, un año después, el 8 de septiembre de 2019, se integró Mónica Beatriz Pacheco Maldonado como comisaria.
Una empresa que a seis años de su creación y al menos nueve contratos millonarios con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo y Yucatán, no cuenta con página de internet.
Licitación exprés
Dos semanas fueron suficientes para que el Poder Judicial asignara el contrato de obra pública a Construcciones e Ingeniería JCHE.
El 23 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Justicia del Estado lanzó la convocatoria a la licitación pública nacional LO-923061967-E4-2016, en la que invitó a los participantes a inscribirse en los próximos cinco días.
Al día siguiente del cierre de la convocatoria, se realizó la junta de aclaraciones con los contratistas.
Y siete días después, el 6 de septiembre de 2016, el Poder Judicial eliminó tres de las cinco propuestas presentadas por los participantes y, a los tres días posteriores, asignó el contrato a la empresa de Che Rojas.
Las propuestas técnicas y económicas de los participantes fueron las siguientes: la empresa ARQRI Construcciones presentó una propuesta por seis millones 948 mil 418 pesos; y Construcciones e Ingeniería JCHE, por seis millones 867 mil 107 pesos.
Mientras que la propuesta por la Desarrolladora México JLAL por ocho millones 217 mil 625 pesos fue desechada al no contar con el registro emitido por el Tribunal. A Grupo Roelde, que planteó ocho millones 453 mil 145 pesos por la obra, lo eliminaron por no presentar los archivos en el formato solicitado y por no contar con el registro emitido por el Tribunal.
Lo mismo sucedió con la propuesta de Mata Hernández Ingeniería y Supervisión, a quien le desecharon la propuesta por seis millones 647 mil 695 pesos, por no contar con el registro emitido por el Poder Judicial de Quintana Roo.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
CG