Quintana Roo se encuentra en el segundo lugar nacional con mayor número de agresiones a periodistas, según el estudio realizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Artículo 19 en México, la cual ha documentado 23 durante el primer semestre del año.
El estudio de la ONG estableció que Quintana Roo se mantiene como uno de los estados más violentos contra la prensa desde 2019, cuando contabilizó 26 ataques y un año después, 24.
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En ese sentido, puntualizó que se notó un cambio en las agresiones documentadas, ya que en años pasados había un patrón claro, la mayoría provenían de funcionarios públicos, particularmente elementos de las fuerzas de Seguridad Pública.
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Aunque la organización sí documentó tres agresiones por parte de las distintas corporaciones policiales, ya sea estatales o municipales, durante este periodo resaltaron también al menos 15 agresiones por sujetos cuya identidad no pudo ser identificada por Artículo 19. En este sentido, 13 agresiones fueron en el ámbito digital, es decir, a través de redes sociales.
La estadística de agresiones la encabeza Ciudad de México, con 64, entre enero y julio del presente año, le sigue Quintana Roo con 23, sitio que comparte con Tamaulipas con igual número de casos, en tercer lugar se encuentra Puebla, con 22; luego Guerrero, con 21 y Baja California, con 19.
Agresiones en el segundo semestre
En 5 de julio pasado, el comunicador Jorge Ugalde resultó lesionado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, tras el desalojo de trabajadores de la empresa Intelligencia México, encargada de la recolección de basura en Cancún.
Los empleados se manifestaron debido al incumplimiento del contrato con el Ayuntamiento que encabeza Mara Lezama Espinosa, que había autorizado la entrada de Red Ambiental, otra empresa encargada de la recolección de los residuos sólidos en el municipio.
La noche del 3 de agosto, fue atacada a balazos la vivienda del comunicador Leonardo Kamul, ubicada en la Supermanzana 61, según el reporte de la Policía de Quintana Roo. En este caso el reportero resultó ileso.
El 9 y 30 de septiembre, dos portales de noticias denunciaron agresiones. En el primer caso, a través de una publicación en redes sociales, el equipo de uno de estos sitios responsabilizó de su integridad y la de su familia al Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González y al actual Secretario de Seguridad Pública del Estado, Lucio Hernández Gutiérrez, luego de que un elemento de la Policía Estatal le tomó de manera directa diversas fotografías, desconociendo su fin, por lo que temió por su vida.
El 30 de septiembre, el otro portal reportó que fueron amenazados de muerte por publicar una noticia. La amenaza fue lanzada vía Whatsapp donde advierten que “en boca cerrada no entran moscas (…) o la eliminas (la publicación) o atente a las consecuencias, sobre aviso no hay engaño”.
El 14 de octubre pasado, periodistas de Quintana Roo denunciaron a la “Red Rompe el Miedo” que recibieron llamadas de un número telefónico. Presuntamente hablaban de parte de la Contraloría General del Estado y solicitaban datos personales.
Tras darse a conocer los hechos en los medios de comunicación, la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) se deslindó de los hechos, asegurando que ningún colaborador de la dependencia ha realizado llamadas telefónicas a reporteros o columnistas solicitando información personal.
En ese sentido, la “Red Rompe el Miedo” advirtió que durante el pasado proceso electoral lograron documentar a nivel nacional que funcionarios, candidatos y partidos políticos buscaron bloquear el flujo informativo sobre las propuestas de candidatos y trabajadores estatales o locales.
En los 16 casos que se registraron en el país, 51 por ciento de los agresores fueron integrantes de partidos políticos; en tanto que las agresiones por parte de personas particulares y funcionarios se dieron en un 16 por ciento cada uno.
Al respecto, destacaron que es urgente el cese de hostigamiento y violencia durante la cobertura de los comunicadores y defensores de los Derechos Humanos en cualquier hecho noticioso.
“La violencia contra la prensa es un factor alarmante porque vulnera dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión: En su dimensión individual por el miedo y la autocensura y en su dimensión colectiva, dado que limita la información pública que la sociedad requiere para poder votar de manera informada”.
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CG