Con apenas tres empresas certificadas como “limpias”, Quintana Roo ocupó la última posición en los estudios más recientes en aprovechamiento de energías renovables, destaca el Plan Estatal de Desarrollo en su Primer Eje “Desarrollo y Diversificación Económica”.
El rezago en acciones concretas en el estado contrasta con el llamado del gobernador Carlos Joaquín González desde la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).
Como presidente del organismo, el mandatario estatal encabezó el sábado pasado la demanda al Gobierno Federal para impulsar una transición energética hacia el uso de energía renovable y alejarse de las fósiles.
En este sentido, el gobierno estatal sólo ha avanzado con sumarse a pronunciamientos, incluso conformó la Comisión de Energía de Quintana Roo que sesionó en 2017 y después no se ha sabido nada de dicho órgano.
También se consolidó la Ley de Acción de Cambio Climático y la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos de Quintana Roo. No obstante, ni la Comisión ni las leyes mencionadas se han reflejado en proyectos concretos con recursos propios, pese a que la llamada Ley de Residuos tiene entre sus objetivos impulsar las energías limpias.
“Fomentar la inversión pública, privada o mixta para la implementación de tecnología sostenible, energías renovables y energías limpias que permitan la valorización y aprovechamiento energético de los residuos…”, señala la ley en su objetivo 12. Pero incluso el Plan Estatal de Desarrollo en su Eje 1 “Desarrollo y Diversificación Económica”, destaca que en lo que se refiere a las empresas certificadas como “limpias”, el estado ocupo la última posición en los últimos dos estudios realizados con apenas 3 empresas certificadas.
Además, destaca que si bien el sector energético, específicamente el de energías renovables, aporta el 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado, el 95 por ciento de la energía eléctrica procede de las centrales eléctricas de Mérida y Valladolid, pero sólo .1 por ciento de fuentes renovables.
“Lo anterior es muestra del desaprovechamiento de las fortalezas territoriales de la entidad para la producción y comercialización de energías limpias”, subraya el documento.
En julio del 2017 fue instalada la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía del Estado de Quintana Roo, para incentivar la eficiencia en el uso de energías renovables con programas de aprovechamiento, pero no se sabe un avance en estos trabajos.
En noviembre del 2019, en el marco de la Cumbre de Petróleo y Energía, el gobernador anunció la creación de la Agencia de Energía Estatal y aseguró que ya había proyectos en marcha de generación de energía eólica y solar.
En esa ocasión se recordó que el Instituto para el Financiamiento y Desarrollo de Quintana Roo (Idefin) anunció la gestión de recursos ante la banca internacional por 150 millones de dólares para generación de energía limpia, de los cuales no se informó si se lograron o no.
En septiembre del 2020 el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, Efraín Villanueva, afirmó que el Estado ocupa el último lugar a nivel nacional en generación de energías limpias.
Reconoció que se deben fortalecer los esfuerzos para impulsar la generación de las energías renovables en el Estado, ya que se cuenta con una buena irradiación solar que se debe aprovechar.
Al respecto, refirió que se tienen proyectos en los municipios de Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, mientras que en Bacalar y Cozumel se instalarían sistemas fotovoltaicos, aunque se estaba gestionando la aprobación de la Comisión Nacional Reguladora de Energía (CRE).
Fue en febrero del 2020 que la Secretaría de Energía federal (Sener) anunció la inversión de 26 millones de pesos para energía renovable en la reserva de Sian Ka’any 16 millones de pesos para instalar paneles solares en 20 escuelas de educación básica, con el apoyo del Banco Mundial (BM).
En octubre del 2020, durante el panel “Impacto ambiental de las energías”, en su intervención Efraín Villanueva destacó la necesidad de una transición energética “justa” y confiable con una mayor participación de las energías renovables.
CG