La infancia quintanarroense no está exenta de la criminalidad. En lo que va del año, unos 26 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del delito de corrupción de menores; esto significa que cada mes, en promedio, 6.5 pequeños fueron incitados a cometer actos no aptos para su edad y que además atentan contra el desarrollo de su personalidad.
Así lo reflejan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con denuncias que comprenden el periodo enero-abril de 2021.
De acuerdo con esta base de datos, de enero a abril de 2020 hubo 25 casos de corrupción de menores, apenas uno menos que este año, en un momento especialmente complejo para la infancia, en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando la niñez debió recluirse en casa, dejar de asistir a la escuela y moldear sus actividades cotidianas al confinamiento de los adultos.
El año pasado, en la presentación del Balance Anual 2020, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), reprochó que las autoridades federales y estatales desprotegieran a la niñez aún más durante la crisis sanitaria.
“Muchos enfrentan un gran problema en casa porque llegó la violencia ahí. Se han incrementado los casos de abuso sexual, de corrupción de menores y embarazos tempranos”, por lo que es necesario que las autoridades adopten un enfoque “sindémico” y no sólo biológico y médico, que visibilice las desigualdades sociales que padecen ciertos grupos de población y que hacen que se vean más afectados que otros por la pandemia, declaró entonces el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García.
Si bien, hay poca información periodística sobre las historias de las víctimas de corrupción de menores contadas por el Secretariado Ejecutivo, en Quintana Roo, sí ha habido casos emblemáticos que conmocionaron a la opinión pública.
El 21 de septiembre de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Erath “J”, un joven ligado a nueve casos por delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores en los municipios de Solidaridad y Cozumel.
La FGE informó, tras el arresto, que el sospechoso aprovechaba sus conocimientos y afición por la música para atraer a sus víctimas y abusar de ellas. Las investigaciones apuntan que este sujeto grababa sus agresiones para exigir a adolescentes que sostuvieran actos sexuales con él.
Un mes antes, la FGE capturó a Raúl “D”, implicado en pornografía infantil, corrupción de menores, violación y abuso sexual en el fraccionamiento Villas Otoch, de Cancún.
En este caso, cuya investigación inició desde el 10 de febrero de 2020, autoridades rescataron a cuatro menores de edad, de entre uno y 14 años, víctimas de Raúl “D”.
¿Penas insuficientes?
El Código Penal Federal establece en su artículo 201 que “comete el delito de corrupción de menores” la persona que induzca, procure o facilite a un menor de edad —o a quien no tenga capacidad de entender el significado de lo que se está haciendo o de un hecho— a realizar actos de exhibicionismo corporal, actos sexuales, prostitución, consumo de narcóticos o simplemente que se le perfile a realizar algún hecho delictuoso de cualquier índole.
Este delito también está tipificado en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, con las mismas características que en el Código Federal; aquí las sanciones en contra de quien incurre en corrupción de menores comprenden entre cuatro y 11 años de prisión y si se comprueba que se corrompió a un niño o una niña o adolescente en más de una ocasión, la pena puede duplicarse.
Sin embargo, organizaciones civiles en defensa de los derechos de la infancia afirman que las sanciones son insuficientes para el daño, a veces irreversible, perpetrado al desarrollo de un menor, por lo que exigen que la Legislación Estatal endurezca las leyes en contra de los agresores y establezca nuevos mecanismos para la reparación del daño.
CG