Sólo en un mes, las denuncias por corrupción de menores en Quintana Roo se multiplicaron por cuatro, al pasar de cinco, en mayo a 22 en junio pasados; es decir, un salto de 340 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el sexto mes de 2021, el más reciente en el registro del SESNSP, la entidad se ubicó como la cuarta en el país con más denuncias por este delito, detrás de Guanajuato (25), Ciudad de México (27) y Baja California, que alcanzó el primer lugar, con 83 casos.
Al cierre del primer semestre del año, Quintana Roo también está en el top 10 de estados con más delitos de corrupción de menores a nivel nacional; ocupa la sexta posición, con 53 denuncias, sólo detrás de Jalisco (68), Nuevo León (69), Guanajuato (146), Ciudad de México (156) y, de nuevo, Baja California, que registró 257.
De esta manera, el promedio de la incidencia de estos crímenes en Quintana Roo, del 1 de enero al 30 de junio, fue de 8.8 casos al mes. En lo que corresponde a junio, con sus 22 reportes, promedió 5.5 delitos a la semana, cuando en mayo fueron 1.2.
El Código Penal Federal establece que “comete el delito de corrupción de menores la persona que introduzca, procure o facilite a un menor de edad –o a quien no tenga capacidad de entender el significado de lo que se está haciendo o de un hecho— a realizar actos de exhibicionismo corporal, actos sexuales, prostitución, consumo de narcóticos o simplemente que se le perfile a realizar algún hecho delictuoso de cualquier índole.
Este crimen también está tipificado en Quintana Roo; aquí las sanciones en contra de quien incurre en corrupción de menores comprenden entre cuatro y 11 años de prisión y, si se comprueba que se corrompió a un niño o a una niña o adolescente en más de una ocasión, la pena puede duplicarse.
El aumento de la incidencia de corrupción de menores en Quintana Roo se registra apenas unas semanas después de que se diera a conocer el arresto de una mujer que no sólo violó a sus tres hijos, de uno, cuatro y siete años de edad, respectivamente; además gravó el momento de las agresiones y compartió el material con su pareja sentimental, recluida en el Centro de Rehabilitación Social de Chetumal.
Ya que Erika “S”, la presunta responsable de estos hechos, se encuentra recluida en la misma prisión, la realidad para sus hijos y víctimas es incierta, pues a un mes de la detención de su madre, se encuentran en una casa hogar bajo la protección de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
La autoridad que establece el protocolo para la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha buscado entre sus familiares a un cuidador temporal mientras sigue el proceso penal de Erika S.; sin embargo, debido a la gravedad de los delitos y antecedentes de abandono y violencia de la línea paterna, no se logró reintegrarlos a la casa familiar.
Tampoco la familia inmediata de Erika S., una hermana, ha respondido para el cuidado de los tres menores, quienes, según una fuente interna de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, implican un gasto elevado en parientes que también viven en situación de vulnerabilidad económica.
Puntos críticos
Las ciudades más grandes de la entidad que acapararon el mayor porcentaje de corrupciones de menores durante el primer semestre del año fueron Benito Juárez (35.8 por ciento), Othón P. Blanco (24.5 por ciento) y Solidaridad (18.8 por ciento), juntos concentran casi 80 por ciento de todas las denuncias que arrojó Quintana Roo.
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CG