El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (CJG) ha privilegiado las compras directas a proveedores del sector Salud.
La adjudicación de estos contratos, que no requieren licitación o concurso, representa más de la mitad del gasto público en este rubro; es decir, se ha convertido en el procedimiento favorito de la actual administración estatal para adquirir bienes y servicios en el sector Salud.
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Esta situación implica, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que el Gobierno local promueva la falta de competencia en el mercado.
De enero de 2018 a marzo de 2021, los Servicios Estatales de Salud y la Secretaría de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre, gastaron 4 mil 313 millones 802 mil 771 pesos en compras a 221 empresas y personas físicas.
El 55 por ciento del gasto público se realizó a través de adjudicaciones directas, lo que equivale a 2 mil 358 millones 990 mil 308 pesos, que fueron erogados mediante 373 contratos, de acuerdo con una base de datos elaborada en Por Esto! a partir de la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De esta manera, la licitación pública fue desplazada al segundo lugar de los procedimientos de compra más utilizados por el área de Salud. El 32 por ciento de las adquisiciones se realizaron bajo esta modalidad, que representa mil 398 millones 322 mil 390 pesos, comprometidos en 133 contratos.
Finalmente, la invitación (a cuando menos tres proveedores) fue el procedimiento menos usado: sólo en el 13 por ciento de los casos, lo que equivale a 556 millones 490 mil 71 pesos gastados mediante 78 contrataciones.
“La excepción se está convirtiendo en la regla y esto es alarmante porque las adjudicaciones directas y las adjudicaciones restringidas tienen mayores riesgos de corrupción y también no suelen garantizar que estamos obteniendo la mejor calidad de servicios, de productos, de obras al mejor precio”, alertó Pablo Montes, coordinador del área Anticorrupción del Imco.
“Es lamentablemente una tendencia que estamos viendo en muchos lugares, pero que deberíamos de estar viendo cómo revertir”, consideró.
Montos faraónicos
Los Servicios Estatales de Salud y la Secretaría de Salud realizaron compras directas millonarias a las empresas y personas físicas.
El 64 por ciento de los contratos en el sector Salud fueron suscritos bajo el procedimiento de adjudicación directa y el 49 por ciento registró montos superiores al millón de pesos.
Lo anterior contradice los Artículos 19 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, que privilegian la licitación pública en adquisiciones de bienes y servicios y enfatiza que la figura de adjudicación directa sólo debe ser usada en situaciones extraordinarias.
De acuerdo con los artículos 32 y 33 de esta ley, se prevé la adjudicación directa en situaciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad del estado, cuando haya compras con campesinos o grupos marginados, en caso de obras de arte, patentes, derechos de autor y exclusivos.
Montes advirtió que el Gobierno de Quintana Roo no se apega a la ley para usar la figura de adjudicación directa sólo en situaciones que lo ameriten.
“Si se está utilizando con tanta frecuencia, lo más seguro es que no se esté limitando a ciertas situaciones excepcionales. Y el problema de las adjudicaciones directas son dos: el primero, que al no haber competencia, la decisión de quién gana el contrato suele ser un poco más discrecional (de los recursos públicos), no en todos los casos se hace uso discrecional, pero es más fácil hacerlo en la adjudicación directa, por eso el riesgo es mayor… puede ser un terreno fértil”, alertó.
“Segundo, al no poner a competir a las empresas, incluso si no hay uso discrecional de los recursos, no tenemos la garantía de que estamos obteniendo la mejor calidad al mejor precio.
“Entonces, es evitar en la medida de lo posible las adjudicaciones directas y facilitar la licitación pública, muchas veces no se hacen licitaciones públicas porque son tardadas, pero eso habla más de una mala planeación”, señaló.
El académico de Estudios Anticorrupción en la International Anti-Corruption Academy (IACA) de Viena explicó que las compras directas no deben exceder el 30 por ciento del gasto público.
Las más beneficiadas
La contratación directa más alta registrada en el sector Salud fue con la empresa General Datacomm de México, por 197 millones 200 mil pesos, de acuerdo con el contrato SESA-DA-AD-021-2019, suscrito en el primer trimestre de ese año.
Vanessa Lizeth Vargas Flores es otra proveedora beneficiada con este esquema en el sector Salud estatal. En 2020 recibió cinco adjudicaciones que juntas suman 207 millones 105 mil 77 pesos.
Además, obtuvo el contrato con el segundo monto más alto reportado bajo este procedimiento, por 126 millones 831 mil 802 pesos; sin embargo, incumplió con la colocación de las carpas móviles que debían colocarse afuera del Hospital General “Jesús Kumate” en Cancún y el Oncológico de Chetumal, para la atención de pacientes de COVID-19, de acuerdo con medios de comunicación.
Vargas Flores es también esposa de José Luis Brizuela, conocido con el alias de “El Venezolano”, quien, según medios de comunicación, es amigo del gobernador.
La Constructora Iiafer obtuvo un contrato por 44 millones 226 mil 142 pesos. Esta empresa fue señalada por estar vinculada con Brizuela Guevara.
En tanto, la empresa F Medical recibió 37 millones 500 mil pesos en el verano pasado y Biodist firmó por 31 millones 864 mil 856 pesos en 2018.
La mayor parte de las compras directas se realizaron en 2020, cuando el Gobierno de México declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, lo que favoreció a las adquisiciones bajo este procedimiento.
Niegan contratos
El Gobierno de Quintana Roo no publicó el gasto público erogado en el sector Salud en 2017 en la PNT, justo el primer año de la administración de Carlos Joaquín González.
Durante esta investigación, Por Esto! solicitó las copias digitales de los contratos y las ampliaciones de los mismos, suscritos durante la administración actual; sin embargo, después de tres meses de espera, los Servicios Estatales de Salud y la Secretaría de Salud negaron la información pública requerida vía Sistema Infomex.
Montes consideró en entrevista que es preocupante que las dependencias a cargo de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, no respondan las solicitudes de información relacionadas con las compras en el sector.
“¿Y por qué no tienen esas cifras y esos contratos en formato mucho más fácil? Los datos de compra pública son una obligación común de transparencia, deberían estar publicados en plataformas y, es más, el propio gobierno (de Quintana Roo) debería tener estas cifras a la mano, con herramientas tecnológicas”, criticó.
Esto también “habla de una opacidad constante y que no se tenga a disposición de la ciudadanía implica además un atraso tecnológico en las compras.
“Si se tiene atraso tecnológico, puede que ni el gobierno tenga los datos a la mano, eso sería lo más preocupante, porque si no se tienen a la mano esas cifras, de cuánto hemos comprado hasta la fecha, bajo qué procedimientos, a quién; es decir, cifras de inteligencia de mercado, puede detonar en una mala política de compra y una mala planeación”, expuso.
CG