La delincuencia organizada extendió el cobro de derecho de piso en ciudades turísticas de Quintana Roo. Además de extorsionar a sus víctimas, las recluta para la venta de drogas, expuso James Tobin, Coordinador para Quintana Roo en México SOS, durante su participación en la Mesa de Trabajo “Impuesto Criminal: Quintana Roo”, convocada por las organizaciones civiles México Evalúa y la antes mencionada.
La extorsión, en su modalidad de cobro de piso, a través de los contratistas, encontró a sus víctimas en la construcción de obras grandes en las que trabajan más de 2 mil albañiles, a quienes les quitan parte de su sueldo y son obligados a vender drogas, denunció Tobin.
Noticia destacada
Mara Lezama, Alcaldesa de Cancún, niega afectaciones por restructuración de millonaria deuda
De acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión tuvo 79 incidencias durante los primeros dos cuatrimestres del año, es decir, de enero a agosto de 2021 se cometieron casi 10 extorsiones al mes.
En el panorama municipal, tres demarcaciones acumulan 78 por ciento de las extorsiones totales, pues en Solidaridad se reportaron 38 incidencias; en Benito Juárez, 18; y en Tulum, seis.
“Esto se empezó a notar en el Norte de Quintana Roo, en Islas Mujeres, pero ya permeó en el Sur de Quintana Roo y está incrustado en la Riviera Maya, sobre todo en las zonas de alto crecimiento como Solidaridad y Tulum”, evidenció.
El también integrante de México SOS denunció que este delito se extiende a la industria turística en las principales ciudades de atracción de Quintana Roo, como Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum.
“El derecho de piso es algo que ha estado en la Quinta Avenida desde hace muchos años. Se ha dejado crecer. Sabemos de mucha gente está pagando y esto robustece la estructura financiera del grupo organizado, lo que al final va en detrimento de las personas”, expuso.
“Pero esta manera de extorsionar en la Quinta Avenida, comenzó a tomar otros matices, pues incluso afecta a personas de animación, como los disfrazados del “Hombre Araña”, a quienes también les cobran.
“Las cuotas van de los 25 mil pesos hasta los 160 mil, por cada negocio, dependiendo del tamaño y número de las sucursales”, estimó Tobin.
Finalmente, dijo que las víctimas no denuncian lo que sufren porque están amenazadas y por temor a represalias.
Para Elisa Norio, investigadora independiente y egresada de la Universidad de Pisa, Italia, no solamente un grupo criminal cobra derecho de piso, sino varios al mismo tiempo.
“A menudo hay personas que explotan este clima de inestabilidad y de intimidación difundida para extraer una renta social y los empresarios o cualquiera que trabaje en estas zonas paga, pero no tiene la garantía de que no llegará otro grupo, es decir, no hay un grupo solamente que mantenga el control”, planteó.
Por su parte, Edna Jaime, directora de México Evalúa, consideró necesario detener la extorsión para evitar que la actividad empresarial sea de riesgo.
“No verlo, voltear para otro lado o no conocerlo, tiene implicaciones graves sobre la capacidad de emprendimiento, sobre la generación de empleo productivo, sobre todo. Le roba la paz a quienes están en zonas de riesgo”, expresó.
“Necesitamos construir lo necesario para que la extorsión no siga deteniéndonos, no siga atemorizándonos, para que no haga de la actividad empresarial, una actividad de riesgo”, urgió Edna Jaime.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
CG