Este lunes 24 de octubre un grupo de habitantes de comunidades aledañas a la mina CALICA, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, interpusieron ante el Juez de Distrito con sede en Cancún, una acción colectiva contra la empresa CALICA (Sac-Tun), para denunciar las graves violaciones que esta empresa ha infringido en contra del derecho constitucional de los pobladores a un medio ambiente sano y libre de contaminación, particularmente el derecho superior de las niñas y los niños a un desarrollo saludable, y exigir que la empresa lieve a cabo las labores de remedición o reposición por el daño causado al acuífero y a la biodiversidad.
Durante la presentación de la demanda, el Sr. Quetzal Tzab, representante común de los demandantes, señaló que recientemente se dieron a conocer estudios llevados a cabo por instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto de Ecología y Cambio Climático, en los que se da cuenta de la presencia de diversos contaminantes perjudiciales para la salud de los pobladores y para el ecosistema en su conjunto. También conocieron por los medios de comunicación, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha registrado la violación permanente por parte de la empresa, de las condicionantes establecidas en sus permisos, lo cual ha causado el grave deterioro ambiental que se observa en la zona.
Cuando las comunidades conocieron esos estudios y dictámenes, señaló el Sr. Quetzal relacionaron diversas afectaciones a la salud de las niñas y los niños, así como el evidente deterioro en la calidad del agua y la evidente pérdida de biodiversidad, con la explotación de la mina, que detenta una superficie que se extiende por 2,400 hectáreas, a escasos kilómetros de donde se ubican algunas de las comunidades afectadas, incluyendo jardines de niños y primarias
Durante el evento estuvo presente la Maestra Lucely Tuz Tun, habitante también de la zona aledaña a la mina, quien a nombre de los demandantes exigió el cierre definitivo de la mina y que la empresa asuma su responsabilidad, haciendo lo necesario para revertir o compensar a las comunidades mediante acciones sustitutas, por el daño ambiental causado por la empresa.
Por su parte, Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, señaló en el acto de entrega de la demanda, que durante más de treinta años la empresa ha detonado continuamente grandes cantidades de explosivos del tipo de los hidrogeles, perforando profundos barrenos varios metros por debajo del nivel freático, y ha vertido al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, además de haber liberado a la atmósfera y al mar caribe inmensas cantidades de finísimo polvo calzo muy dañino para la salud de la población, y en particular de la niñez, además de haber desmontado cientos de hectáreas de selva, devastado el suelo y el subsuelo de la zona, y desviado el curso de las corrientes subterráneas, apropiándose de inmensos volúmenes de agua, muy superiores a los aprobados, según se desprende de los estudios publicados recientemente por la Secretaria de Medio Ambiente
Señaló que si bien la empresa contaba con algunos permisos otorgados durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, la violación constante y permanente de las condicionantes establecidas y los volúmenes aprobados en tales permisos, ha sido causa fundamental del gran impacto social y ambiental que la explotación ha significado. Añadió que esta y cualquier otra empresa que viole las condicionantes establecidas en sus permisos, y que tenga como resultado un grave deterioro ambiental y la violación de los derechos de la colectividad, tienen que ser llevados a juicio, sus operaciones deben ser clausuradas definitivamente, y las empresas tienen que responder por los daños ambientales y sociales causados.
En cuanto a las clausuras efectuadas por el gobierno mexicano, Quetzal Tzab señaló que son medidas necesarias y urgentes, pero que no son suficientes, pues además de la clausura definitiva es imprescindible que la empresa pague o lleva a cabo las acciones sustitutas que dicte el juez, por los inmensos daños causados.
Calica es una mina propiedad de VULCAN, la gigante norteamericana del Asfalto, que ha demandado a México y exige el pago de miles de millones de pesos por el cierre de sus operaciones en la zona
La acción colectiva es un recurso legal consagrado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a las comunidades obtener la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos en materia de medio ambiente, en este caso el derecho constitucional a un medio ambiente sano y el derecho superior de la niñez a un desarrollo saludable. Con base en este instrumento, los demandantes reclaman la restitución del ecosistema al estado que guardaba antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos de la colectividad.
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