La cacería, calificada como deportiva, aún se desarrolla en la Península, específicamente en Yucatán, donde ni la crisis del 2020 por el COVID-19 la detuvo, al registrar mayores ingresos por cintillos asignados por cada ejemplar capturado, vivo o muerto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desde la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), emitió su reporte anual sobre los permisos emitidos para capturar especies en un ambiente natural.
Los datos corresponden hasta el año 2020 y fueron publicados a finales de 2021. La cacería es, hasta ahora, una actividad polémica en el ámbito legislativo; el año pasado era debatida en el Senado de la República, donde se discutía su prohibición y desaparición en el Sistema Nacional de Trámites (SNT).
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Según la Ley General de Vida Silvestre, que rige este tipo de actividades, las licencias de caza deportiva son anuales e indefinidas. Las primeras duran sólo la temporada y las segundas son más prolongadas, pero justificadas. Hasta el año 2000, en la temporada cinegética (relativa a la cacería), las asociaciones locales y nacionales podían emitir permisos hasta la reforma de la Ley General de Vida Silvestre, que los eliminó; ahora sólo el Gobierno Federal los otorga a través de Semarnat.
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En la Península, el interés sigue siendo promedio, desde el 2012, se han emitido en los tres Estados poco más de 140 permisos anuales y hasta el inicio de la temporada 2019-2020. Los permisos disminuyeron 55.7 por ciento, al pasar de 158 (de 2018- 2019) a 70 (en 2019-2020).
En una revisión a 10 años, Yucatán es el Estado con mayor interés. De 2010 a 2020, ha emitido 934 permisos anuales y 222 permisos indefinidos; le sigue Quintana Roo, con 183 temporales y 121 indefinidos; luego le sigue Campeche, con 121 anuales y 23 permisos permanentes. En el caso de Campeche, a partir de 2018 se volvieron a emitir permisos. Durante seis periodos de cetrería no hubo acceso a este tipo de actividad recreativa.
Dentro de las UMAs
Respecto a la caza controlada, la Semarnat pide a los permisionarios hacer sus prácticas dentro de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) que no son tan abundantes, pero sí dejan recursos pagados por los cazadores, que van más por los patos, cercetas, gallaretas y venado de cola blanca.
La actividad de la cacería es supervisada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Por cada ejemplar capturado (vivo o muerto) la Semarnat emite un cintillo que funge como certificado “que puede demostrar la legal procedencia de los ejemplares, sus partes y derivados”.
“Es una banda autoadherible foliada, expedida por la Semarnat, que se coloca en la(s) pieza(s) cobrada(s) al amparo de una autorización de aprovechamiento otorgada para la cacería deportiva, para garantizar que los ejemplares fueron legalmente cazados.
El marcaje sólo podrá ser usado una vez y otorgado al cazador por el prestador de servicios o titular, representante legal o responsable de la UMA”, dice el informe anual de 2021. La última información de la Semarnat señala que el cintillo cuesta alrededor de 390 pesos, y cada cazador tiene que hacer un pago mayor a los 4 mil pesos para sus actividades de recreación.
En las últimas 10 temporadas, en Yucatán se han emitido 8 mil 829 cintos por captura de especies y un pago por éstas de 2 millones 381 mil 985 pesos. En el caso de Campeche, los ingresos son millonarios. En 10 años se emitieron 6 mil 133 certificados de captura y pagos por 1 millón 586 mil 585 pesos. Le sigue Quintana Roo, que tuvo un registro de 98 cintillos y 28 mil 178 pesos de pago.
“Los datos de ingresos se obtienen de las Actas de Finiquito enviadas a la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) por las Delegaciones Federales de la Semarnat y Gobiernos de los Estados del país al término de cada temporada; los ingresos por la expedición de cintillos de los Estados con Convenio de Descentralización de Funciones en Materia de Vida Silvestre los recupera el Gobierno de cada Entidad”, menciona la dependencia.
Permanencia de caza
En mayo de 2021, el Senado de la República discutió la existencia y permanencia de los permisos de caza deportiva en las leyes federales. Fue el senador Noé Castañón Ramírez quien propuso lo anterior y las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre.
“La caza deportiva representa el 1 por ciento del total de la industria turística en nuestro país, y tiene mayor auge en los programas de desarrollo turísticos de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, donde existen 12 mil 503 áreas autorizadas para dicho fin”. En noviembre de 2021, el legislador federal Nazario Norberto Sánchez presentó un proyecto (ahora en San Lázaro) para concluir con esta práctica en todo el país.
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CG