Rompiendo la discrecionalidad de una charla y dando presuntos comentarios del reportero Rubén Darío Cruz, quien fue agredido el jueves en Cancún por hombres armados, la Gobernadora María Elena Hermelinda Lezama dio un dictamen adelantando en sus redes sociales del hecho, del que ni siquiera se había iniciado una investigación.
Lo que era una llamada “para expresar apoyo” se convirtió en un comunicado de la política, a través de redes sociales, con el que adelantadamente, la Mandataria “resolvió” el caso.
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Oficialmente, la parte afectada, el reportero de Por Esto!, levantó el acta correspondiente que quedó con folio FGE/QROO/CAN/UAT/01/2060/2023 y se abrió la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1889/2023.
Tras conocerse la noticia, que tuvo relevancia internacional, el reportero aceptó la llamada de la Gobernadora, que supuestamente era para expresarle su apoyo. Sin embargo, esta comunicación fue utilizada para que ella expresara un mensaje en redes sociales, carente -incluso- de corte oficial.
“Hemos estado al pendiente, en constante contacto con el periodista Rubén Darío Cruz, quien nos comentó que si bien no hubo ataques con armas de fuego hacia su persona, experimentó una presunta situación de riesgo que orilló a que su escolta del servicio de protección federal realizara una detonación de su arma de cargo para salvaguardar su integridad. He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, investigue y esclarezca los hechos. Nuestro apoyo y protección siempre al gremio periodístico” (sic).
Sobre el caso, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó, a través de sus redes sociales, el atentado perpetrado contra Cruz Santos.
Debido a este ataque hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, para que refuercen de inmediato las medidas de seguridad a Rubén Darío Cruz y a su familia. También solicitó a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investigar rápidamente los hechos y que se incluya a su labor periodística como una probable causa.
La ola violenta que azota el Estado ya rebasó las 200 ejecuciones en los primeros 125 días de Gobierno de María Elena Hermelinda Lezama.
Ayer se registró otro hecho delictivo en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, de la Región 259, en Benito Juárez, donde en el 2022 se consumaron 31 ejecuciones.
De acuerdo con la incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), del 26 de septiembre, cuando Lezama Espinosa a unas horas de haber tomado protesta como Gobernadora al 31 de diciembre, se iniciaron 6 mil 281 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en la Entidad; cifras que van en aumento en lo que va de enero.
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