Durante el año pasado, el Estado de Quintana Roo figuró en los últimos lugares del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, realizado por World Justice Project (WJP), al posicionarse en el lugar 30 de las 32 Entidades federativas. De manera que, a nivel regional, el caso quintanarroense es el que arrojó peores indicadores.
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Asimismo, en ese reporte, en el país ninguna Entidad llegó al puntaje de 1.00, el más alto de la medición, donde 0.00 resulta el indicador más bajo. De hecho, Yucatán figuró en la segunda posición a nivel nacional con 0.47 puntos (detrás de Querétaro, 0.49), lo que significa el retroceso de un lugar, ya que en las tres ediciones anteriores se había mantenido en el primer sitio.
Por su parte, Campeche quedó en el lugar onceavo, con 0.43 puntos y Quintana Roo, en el antepenúltimo escalón, con 0.36 puntos en el índice. De hecho, Campeche fue de las 14 Entidades que retrocedieron en el puntaje general, mientras que Yucatán y Quintana Roo se mantuvieron sin muchos cambios.
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El organismo identificó tres tendencias que explican estos cambios en el Estado de Derecho de los mexicanos: un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los Gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico; deterioro en los sistemas de justicia penal y falta de avances en materia anticorrupción.
En esa línea, el deterioro de los contrapesos a los Poderes Ejecutivos estatales, factor evaluado con los límites al poder gubernamental, mostró descensos en 17 Estados del país, entre ellos Quintana Roo (último lugar, con 0.35 puntos), y permaneció sin cambios en nueve Estados, incluido Campeche (treceavo lugar, con 0.42 puntos). Yucatán se colocó en el quinto lugar, con 0.47 puntos.
Esto se debe al debilitamiento del Poder Legislativo local y del Poder Judicial para actuar como contrapesos eficaces del Poder Ejecutivo estatal. Aunado a la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación para actuar como un contrapeso efectivo del poder público.
En cuanto al detrimento en el desempeño de los sistemas de justicia, el sistema penal se desplomó en 14 Estados del país, incluido Campeche (sexto lugar, con 0.58 puntos); sin cambios permanecieron Quintana Roo (lugar 29, con 0.26 puntos), Yucatán (primer lugar, con 0.82 puntos) y otras ocho Entidades. Además, subieron en otros ocho Estados. Mientras que, el indicador de justicia civil y administrativa mostró un descenso en 18 Estados, incluidos Campeche (lugar 20, con 0.47 puntos) y Yucatán (noveno lugar, con 0.51 puntos).
Referente al combate de la corrupción, WJP resalta que hay un estancamiento, pues al igual que en años anteriores, esta edición del reporte muestra una falta de avances, con caídas en 16 Estados, donde figuran las tres Entidades de la Península: Campeche (doceavo lugar, con 0.37 puntos), Quintana Roo (lugar 29, con 0.31 puntos) y Yucatán (séptimo lugar, con 0.39 puntos). Y se mantuvo sin cambios en 11 Estados.
Si bien el Índice señala que pese a que el país todavía se enfrenta a una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances, al menos en 19 Estados, incluido Quintana Roo (lugar 29, con 0.26 puntos). Además, el promedio de los 32 Estados fue de 0.43 puntos, de manera que Yucatán (primer lugar, con 0.82 puntos) y Campeche (sexto lugar, con 0.58 puntos) se mantuvieron por arriba de ese indicador.
El reporte de WJP integra datos administrativos y resultados de encuestas con representatividad estatal sobre temas de Estado de Derecho, como defunciones por homicidio, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el registro de periodistas asesinados de Artículo 19, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la base del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los cuadernos estadísticos penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Cabe mencionar que el WJP es una organización internacional sin fines de lucro y multidisciplinaria, que trabaja para avanzar el Estado de Derecho a nivel global. Según su misión, busca apoyar soluciones locales a través de un enfoque que incluye investigación, recolección y análisis de datos, y el establecimiento de una red activa de conocimiento.
Desde 2008, WJP publica el Índice de Estado de Derecho a nivel internacional, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en 139 países. México se incorporó a la medición en 2009. El trabajo de su oficina en nuestro país está fundamentado en datos, asegura su sitio web.
Incluso, su análisis ofrece información sobre políticas mal formuladas y cómo estás afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, de forma que sustentan las propuestas de estrategias para fortalecer el Estado de Derecho.
El WJP recibe recursos de varias organizaciones públicas y privadas como el Foro de París sobre la Paz de Francia, así como el banco Morgan & Morgan. Sus indicadores son reconocidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de las Organizaciones Naciones Unidas (ONU).
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