A raíz de las situaciones que se viven en la Entidad con los cobros excesivos de Aguakan (incluso el doble de lo estipulado por la ley), el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo) ingresó una iniciativa al Congreso del Estado para que se fije una tarifa justa a los recibos de agua potable.
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Como se publicó anteriormente, se había realizado a través de la plataforma change.org una recaudación de firmas de los ciudadanos con la finalidad de hacer la petición de una tarifa justa de agua potable en Quinta Roo, misma que contó con el apoyo manifiesto de 9 mil 937 personas y 2 mil 18 firmas.
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De acuerdo a lo mencionado, la tarifa de agua potable en el Estado es superior al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pues la facturación promedio en Quintana Roo ha alcanzado los 716 pesos, en servicio doméstico, mientras que, la tarifa promedio a nivel nacional es de sólo 88 pesos; también en cuanto al consumo de la población en pobreza extrema, donde se registra una mayor tarifa, en donde el pago mínimo es el equivalente a 10 metros cúbicos, y cuanto más bajo es el consumo, más alta es la tarifa representativa, esto según lo mencionado por un estudio del Iapqroo.
Sin embargo, el director general de Aguakan, Paul Ranger, negó que las tarifas actuales del Estado sean las más altas, al asegurar que están dentro del promedio nacional, y que el estudio realizado por el Instituto no aporta datos reales.
Por último, Ranger también afirmó que buscarán repeler el juicio de amparo en contra del decreto que anula la ampliación del contrato de concesión hasta el 2053, otorgado por el exgobernador Borge Angulo, durante su Gobierno, ya que han cumplido con todo lo establecido por la ley. Además, alega que Aguakan ha contribuido al desarrollo del Estado a través del pago de impuestos y contraprestaciones por la concesión otorgada, aunque para los quintanarroenses sea todo lo contrario.
La concesión del servicio de agua potable, sin la ampliación otorgada en 2014, venció el 31 de diciembre de 2023, por lo que a partir del 1 de enero de 2024 se abrió un periodo de incertidumbre sobre lo que sucederá con la prestación del servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
La iniciativa fue presentada por Morena en el Congreso de Quintana Roo, luego de que desde 2020 el Gobierno Federal anunciase que desde entonces analizaban junto con autoridades estatales y municipales de Quintana Roo la posibilidad de revertir la concesión de Aguakan.
“No hay muchas privatizaciones de agua en el país, pero sí hay en seis Estados; estamos tratando de trabajar con los municipios y con los Estados como por ejemplo sería en Quintana Roo y Aguascalientes, donde la gente está no está contenta. Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los Estados como de los municipios para poder revertirla, claro siempre dentro del marco de la legalidad”, expuso la entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros.
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AT