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Escrito por Fernando Morcillo
Además del amparo para evitar una posible orden de aprehensión, Ofelia González Witt, socia particular de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) logró un segundo amparo en revisión contra la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), para evitar la revisión de los documentos que hay en las oficinas del organismo.
Lo anterior, porque previamente había solicitado un amparo que le fue negado, contra las acciones de la Contraloría que, como se recordará, pretende hacer una auditoría, dado que desde el 2021 no ha reportado el dinero que ha ingresado producto de los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio que buscan regularizar sus títulos de propiedad mediante el pago a este organismo.
La heredera de los supuestos predios del latifundista Rangel Castelazo, ya desde el 2022, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual las mil 200 hectáreas que forman esta colonia pasaban de nueva cuenta a la propiedad de la Nación, impulsó una serie de amparos para evitar las acciones del Gobierno y, sobre todo, la desaparición de la Desarrolladora, toda vez que ya no tiene ninguna razón para existir.
Hay que mencionar que algunas acciones legales las ha ganado el Gobierno del Estado, como en el Juzgado Mercantil, donde un Juez determinó reinstalar en la administración de la Desarrolladora al Gobierno estatal, pero este amparo en revisión lo logra la particular, luego de que la Fiscalía General del Estado asegurara los documentos e instalaciones de la misma, por lo que la Contraloría del Estado seguirá atada de manos para conocer los recursos que ingresaron en los últimos años y su destino.
Finalmente, los juicios individuales que lleva la Desarrolladora contra particulares se mantendrán de igual manera, pese a que muchos la denunciaron por el intento de adjudicar los predios a terceros.
HS
