La crisis por el número de personas desaparecidas en el estado continúa ante la inacción de las autoridades de seguridad, quienes, pese a admitir que hay un registro oficial de 863 casos en Quintana Roo en 2024, aunque los colectivos afirman que rebasan los mil 200, no hay modificación en su forma de trabajar, toda vez que se encuentran rebasados, no cooperan con los grupos de búsqueda y no crean las instituciones necesarias para resolver la situación.
Lo alarmante, es que excusan su falta de respuestas en el tema de la identificación de cuerpos por una carencia de recursos; lo que ha llevado a que en el Semefo existan más de 800 cadáveres en calidad de desconocidos, mientras algunas personas esperan que se les brinde información sobre el paradero de sus seres queridos.
Sin embargo, en el tema de los presupuestos, para el Ejercicio Fiscal 2024, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, a la Fiscalía General del Estado se le asignó un presupuesto de mil 415 millones 967 mil 291.00 pesos.
De lo anterior, para la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares Únicamente se le asignó un presupuesto de 9 millones 773mil 909 pesos, lo que equivaldría a menos del 1% del presupuesto total.
Mientras que, para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se destinaron 40 millones 669 mil 899 pesos; y únicamente para el despacho del titular de la Fiscalía General, en este caso Raciel López Salazar, se asignaron 20 millones 106 mil 660 pesos; y a quien se le ratificó por 12 años más, pese a la falta de resultados; así como el combate a la corrupción, fiscalía que hasta hoy no ha dado a conocer el avance en sus trabajos.
A la par, el tema de los desaparecidos recrudece y la atención a los colectivos de madres buscadoras es nula, pese a ser un derecho el que las personas sean buscadas y que los familiares, quienes también son víctimas, sean apoyados durante los operativos que realizan.
El derecho a localizarlos
De acuerdo con lo informado por Amnistía Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) la obligación de buscar a las personas desaparecidas recae forzadamente sobre los Estados.
Como tal, Quintana Roo debe organizar el aparato gubernamental para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; por lo tanto, debe prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos, además de restablecer los derechos violados y de reparar el daño producido.
Existen dos escenarios en los que se manifiestan el derecho a buscar; la primera, es que el Estado está obligado a entregar a familiares, seres queridos y comunidades que buscan información adecuada sobre las acciones realizadas y los resultados de la búsqueda y sobre los derechos que tienen en el marco de la búsqueda y los mecanismos disponibles para su protección.
La segunda, el Estado está obligado a recibir las propuestas de cursos de acciones realizadas por familiares, seres queridos y comunidades que buscan y las organizaciones que las representan, así como garantizar su derecho a intervenir en las diligencias y a solicitar que las autoridades rindan cuentas y ser escuchadas.
Esto, en Quintana Roo no se cumple, toda vez que, ante una desatención por parte de las autoridades de seguridad, madres buscadoras, el pasado 22 de julio, tuvieron que acampar en los pasillos de FGE en Cancún, ya que no eran escuchadas por el fiscal Raciel López Salazar; situación que en ocasiones anteriores las ha llevado a cerrar vialidades en la ciudad, con el fin de que sean recibidas en las dependencias.
La falta de colaboración por parte de las autoridades, a demás del diminuto presupuesto destinado para los trabajos de búsqueda, se suma la poca importancia de crear las nueve instituciones y marcos jurídicos con los que debe contar, ya que actualmente el estado solo tiene cuatro: La Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada para la Atención de Casos, la Comisión de Víctimas y una Ley de Víctimas local.
Pero carece de: una ley estatal en materia de desaparición de personas, una Ley en Declaración Especial de Ausencia, un Consejo Ciudadano, un Centro de Identificación y un Panteón Forense.
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Q. Roo, bajo el estigma
Angélica Rodríguez Monroy, quien pertenece al Colectivo “Regresando a Casa”, tras la desaparición de su hija Viridiana Morales Rodríguez, extraviada desde hace 12 años en el estado de Morelos, informó en entrevista a Por Esto! que Quintana Roo se convirtió en un punto de interés para ella, porque de acuerdo con la carpeta de investigación de su hija, todo indica que es víctima de trata, y como el Caribe Mexicano se ha vuelto un referente para el comercio sexual, existen posibilidades que haya sido traída.
Tan sólo en lo que va del año, se han contabilizado 94 casos de corrupción de menores; mientras que en por el delito de trata de personas, se han registrado 92, hasta el pasado mes de agosto.
De acuerdo con ella, entre el 2022 al 2024, las autoridades han sido más sumidas y complacientes con la criminalidad en el estado. Mientras que, los recursos que deberían aplicarse en mayor cantidad deberían ser para los rubros de seguridad y justicia.
Ya que la crisis en identificación de cuerpos no es exclusiva de Quintana Roo, toda vez que hay más de 70 mil cuerpos acumulados en la Semefos del país; mientras existen 116 mil familias buscando a sus seres queridos.
Para ella, en el caso de Quintana Roo, al ser un destino turístico las investigaciones se vuelven más complejas, pues al ser un sitio transitorio para millones de personas, la pista puede perderse, más si los familiares no se encuentran todo el tiempo en el lugar para exigir los avances de las investigaciones.
Por lo que llamó a los colectivos locales a unirse para presionar a la misma vez a las autoridades, ya que persiguen el mismo objetivo.
La pérdida de una hija
“Siempre siento tu presencia para levantarme día a día, sabes, así como me enseñaste a ser mamá, también por ti me enseñé a ser fuerte, a luchar y seguir adelante”, mencionó Angélica, por la desaparición de su hija,
La madre no se puede explicar cómo puede haber personas que se atreven a tomar la vida de alguien más y robar sus planes, proyectos de vida y sueños con sus ilusiones.
Incluso se preguntó por qué precisamente a su hija, una duda que, confió, le ha estado atormentando todos estos años, al grado de no creer en nada ni en nadie. Porque al desaparecer su hija, el autor de ese crimen se llevó “toda mi vida, mis planes y proyectos, los míos y los de toda tu familia que vive con el corazón roto, esperando su regreso”.
“Duele la insensibilidad de las autoridades que nos gobiernan y que deben procurarse la seguridad. Duele en el alma la indiferencia de una sociedad que lo normaliza”, dijo.