Raciel López Salazar, recién ratificado fiscal general de Quintana Roo, rindió protesta ante el pleno del Congreso del Estado. Permanecerá en ese cargo otros 12 años, hasta septiembre del 2036, a pesar que durante el año y dos meses que tiene de gestión la entidad mantuvo la peor tasa de incidencia de homicidios en la Península, con 35 por cada 100 mil habitantes; triplicando la de Campeche, que tiene 12, y muy por encima de la de Yucatán, con dos, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2023.
En el año y dos meses que tiene de gestión, (tomó posesión del puesto el 17 de julio del 2023, luego de la salida de Óscar Montes de Oca Rosales, no se ha visto diferencias con su antecesor. López Salazar acumula más de 25 mil carpetas de investigación por hechos de alto impacto, como ejecuciones, baleados, ataques armados, feminicidios, abusos sexuales, robos y extorsiones, más todas las carpetas que no son consideradas importantes y quedan archivadas.
Más de 640 ejecuciones
Los datos oficiales arrojan que durante la gestión de López Salazar se han registrado más de 640 ejecuciones, 3 mil 200 casos por lesiones dolosas, principalmente baleados, 13 feminicidios, así como mil 230 casos integrados en delitos contra la libertad personal, es decir secuestros, levantones, desapariciones y privaciones de la libertad.
Además, se han acumulado 2 mil 700 carpetas de investigación por delitos sexuales, entre violaciones, abusos y hostigamiento, cuyas principales víctimas son mujeres de entre dos y 40 años de edad, según cifras de asociaciones civiles y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, el Ministerio Público ha contabilizado 12 mil 850 expedientes por robos a casa habitación, comercio y de vehículos (autos y motocicletas), entre otros; así como 183 casos de extorsión, 70 del 2023 y 113 en lo que va de este año.
Sin importar este rezago, el Poder Legislativo justificó que López Salazar mantiene el apoyo tomando en cuenta los resultados obtenidos durante su año de gestión, ya que según las estadísticas se logró la detención de mil 749 personas relacionadas con delitos de alto impacto, de las cuales, el 88 por ciento ya fueron vinculados a proceso.
Además, en este periodo se logró la sentencia de 506 personas por diferentes delitos, con condenas de entre los 50 hasta los 140 años de prisión; además se han ejecutado 349 cateos, es decir, un promedio de 25 al mes, en un año.
Durante la Sesión Número 09 del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XVIII Legislatura del Estado, y conforme a lo dispuesto en el Transitorio Octavo del Decreto 002 expedido por el Poder Legislativo, se llevó a cabo la toma de protesta. Aunque las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) van en sentido contrario a los del Congreso de Quintana Roo.
Violencia, pan de cada día
El pasado miércoles se reportó el hallazgo de dos cuerpos enterrados en el patio de una casa, también la ejecución de un hombre en una sucursal bancaria en pleno día festivo del 16 de septiembre.
El pasado 20 de julio se hallaron restos humanos en un área verde del fraccionamiento Paseos del Mar, derivado de un operativo de búsqueda en conjunto con colectivos ciudadanos. La noche siguiente se reportaron dos hechos relevantes: la ejecución de una persona en Villas Otoch Paraíso y un menor baleado por personal de la Marina, luego de una persecución, en Haciendas del Caribe.
En la avenida Chichén Itzá, a unos metros de la Tulum, en pleno Centro de la ciudad, fueron encontradas unas maletas con los cuerpos de unos guatemaltecos. El 26 de julio, en la región 77 del fraccionamiento Corales, también se encontró un cuerpo enrollado con cobijas y huellas de violencia.
El pasado 4 de julio, una mujer fue víctima colateral de un enfrentamiento entre narcomenudistas a bordo de un autobús de la Zona Hotelera de Cancún. Volvía de su trabajo cuando se desató la balacera. El objetivo era el pasajero que iba sentado a su lado. Ambos perdieron la vida.
Ese mismo mes, pero el día 29, en plenas vacaciones, un niño de 12 años que disfrutaba de la playa en la Zona Hotelera de Cancún con sus familiares fue herido durante un intento de ejecución, muriendo horas después en un hospital.
Otro menor fue asesinado afuera de una tienda de conveniencia en Cozumel. Éste apenas tenía ocho años; mientras que su hermana, de 13, recibió un balazo en una pierna. El objetivo de los delincuentes era un hombre que también quedó tendido en el lugar de los hechos.
El primero de agosto se hallaron cuatro cuerpos en la carretera Puerto Morelos-Cancún. Entre las víctimas estaba un policía municipal activo y tres hombres, quienes fueron identificados horas después.
El 8 de agosto se registró la ejecución de un contador y empresario en la Supermanzana 317, en el residencial Gran Santa Fe. Este hecho generó la movilización incluso de López Salazar. Esa misma tarde, en la colonia Loma Bonita, en la zona de Arco Vial, fue lesionado con arma de fuego un hombre quien logró ser llevado a un nosocomio.
El 4 de julio del 2023, un custodio fue ejecutado cuando salía de su turno en el Centro de Reinserción Social de Cancún. Posteriormente, en Tulum, cuatro policías que iban en un auto tras salir de su turno fueron emboscados por un comando armado, perdiendo la vida uno y resultando tres lesionados.
En Benito Juárez, el 8 de septiembre del año pasado, un policía fue ejecutado de un balazo en la cabeza, durante su primer día de patrulla en la Supermanzana 74. El 20 del mismo mes, una custodia de la cárcel y que por amenazas había sido transferida al Centro de Retención Municipal “Torito”, fue ultimada a tiros afuera de su casa en el fraccionamiento Prado Norte.
A la ola de ejecuciones se añaden los desaparecidos, que suman más de mil 200 en el año. La entidad se coloca en semáforo naranja por el número de víctimas, que incluye a migrantes, turistas y ciudadanos quintanarroenses, de acuerdo con la directora de Investigación y Registro Forense del Centro Nacional de Identificación Humana.
Capital del estado, a merced de las extorsiones
En el primer año de gestión de López Salazar se incrementaron los casos de personas desaparecidas, las extorsiones, los ataques armados y homicidios ejecutados por sicarios motorizados en la capital de Quintana Roo y poblaciones aledañas. Incluso el crimen organizado ha intentado apoderarse de algunas comunidades, como El Gallito, y sólo se acumulan las carpetas de investigación sin que los casos lleguen a resolverse.
También se han reportado ataques contra las autoridades, como el ocurrido el 25 de abril de este año, cuando un policía y su hijo fueron baleados; el menor murió. Cuatro días después fue ejecutado el comandante Fermín Cortés Burgos, cuando circulaba en una motocicleta.
En varias ocasiones, ha sido la presión social la que ha obligado a las autoridades a movilizarse, como ocurrió tras el feminicidio de la enfermera Dulce Yareli; aunque las familias de las víctimas se ven obligadas a asumir un papel central en la investigación.
Sobre ello, la representante del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” dijo que el papel que asume la FGE en estos casos es pasivo, pues ha realizado más hallazgos el colectivo por cuenta propia y da más confianza a la ciudadanía. Lamentablemente los hallazgos suelen ser osamentas y no personas vivas.
Acusó la falta de apoyo de las autoridades, que no brindan a las familias buscadoras el equipo especializado que requieren para ingresar a terrenos de difícil acceso.
Agregó que la falta de compromiso de la FGE y su titular es un flagelo para los quintanarroenses, pues cada día múltiples familias pierden a uno de sus miembros. Muestra de ello es que todos los días la misma Fiscalía comparte nuevas fichas de búsqueda en sus redes sociales.
Finalmente dijo que es lamentable imaginar cómo serían los siguientes 12 años bajo la gestión de la misma persona.
Se recrudece violencia
En los últimos meses empeoró la violencia de alto impacto en Playa del Carmen, ya que se han encontrado personas embolsadas con signos de tortura y se han registrado balaceras en plena zona turística y bares céntricos. En la mayoría de estos casos no hay detenidos.
Usuarios de la fiscalía de Solidaridad externaron que el trabajo de las autoridades deja mucho que desear, ya que tienen que aguardar horas para dar una declaración que, al final, no tiene seguimiento o es desestimada; además de que los peritajes a veces tienen que correr por cuenta de las víctimas y sus familias.
Destaca el caso de Mariana Rubio, quien fue embestida por un conductor en estado de ebriedad cuando paseaba a sus perros. Ambos animales perdieron la vida y ella misma resultó lesionada. Sin embargo, a pesar que ella mostró los documentos médicos que acreditaban sus heridas y de que el maltrato animal ya se considera un delito, el culpable salió luego de algunas horas y la víctima y sus mascotas nunca obtuvieron justicia.
Además acusó al personal de la fiscalía de prepotencia, completo desinterés y deshumanización ante el cúmulo de casos pendientes que tienen que resolver.
Maquillan cifras de desaparecidos
Una madre buscadora, cuyo hijo Jesús Alberto Basulto Cituk desapareció el 11 de abril de este año, acusó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de tratar de “maquillar” las cifras de personas no localizadas, y de únicamente dar a conocer un diez por ciento.
En Felipe Carrillo Puerto, las autoridades de la FGE han guardado hermetismo sobre el medio centenar de personas privadas de su libertad o desaparecidas, así como de las 21 muertes violentas contabilizadas.
Los familiares de los dos jóvenes que fueron asesinados en el poblado de Tuzik exigen justicia y condenan el tortuguismo de la dependencia, ya que las investigaciones se mantienen paralizadas, a pesar de las medidas de presión tomadas, mientras que los responsables siguen prófugos.
“No vemos que investiguen, ya han transcurrido más de ocho días, y sin que, hasta el momento, sean detenidos los involucrados. Hay tortuguismo en el caso, y mientras que la gente continua con el movimiento que se tiene en el pueblo”, dijo Rosendo P.
De acuerdo con fuentes policiacos y de archivos de esta casa editorial, el mes más violento en lo que va del 2024 fue enero, cuando se registraron 11 muertes violentas. Pero el hecho que conmocionó más a la sociedad ocurrió en X-Hazil Sur, donde fueron ejecutados cuatro personas en un domicilio.
En marzo se registraron dos casos; en abril otros dos; en mayo uno; en junio, dos; en julio una muerte violenta y en agosto dos; entre estos un joven que fue privado de la libertad en la comunidad de Noh-Bec y horas más tarde aparició sin vida en la vía corta Chetumal – Mérida. El segundo fue un cuerpo localizado en avanzado estado de descomposición en la colonia Huayumil.
Respecto a las desapariciones, suman más de 50; entre estos hay víctimas menores de edad.
Lázaro Cárdenas pierde la calma
De junio a agosto se registraron tres acontecimientos de alto impacto en el municipio Lázaro Cárdenas, que la fiscalía no ha logrado resolver y minimizó, calificándolos de “hechos aislados”; además el hermetismo de la dependencia genera la desconfianza de la sociedad, que ha perdido la calma.
En junio fueron hallados dos cuerpos semidesnudos y con huellas de tortura en la carretera San Pedro a La Esperanza. El 11 de agosto se registró un ataque armado el centro de la delegación de Valladolid Nuevo, donde tres personas fueron baleadas y dos de ellas murieran en el lugar de los hechos. El 20 de agosto, otro ataque armado en la misma comunidad dejó un muerto y un herido. Los dos últimos hechos aún no se esclarecen.
Además, la fiscalía local aún arrastra la investigación irresoluta de delitos de alto impacto ocurridos en agosto del 2023, cuando un tiroteo al aire libre, en la avenida Rojo Gómez que causó pánico en los vecinos que iban de compras.
A los pocos días se registró la ejecución de un automovilista y la privación de la libertad de otro, a 30 metros de las oficinas de la fiscalía. Asimismo, en la zona han aumentado los “levantones” por la supuesta venta de estupefacientes.
Los pobladores han externado que ya no creen en las autoridades y su aplicación de justicia. Prueba de ello es el bloqueo orquestado en la comunidad de Ignacio Zaragoza para exigir la liberación de un joven que presuntamente fue acusado de un delito que no cometió.
Se quejaron que cuando hay delitos que tienen que tratarse en una mesa especializada los obligan a viajar hasta Cancún para seguir las investigaciones, por lo que generalmente abandonan las denuncias.
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En José María Morelos los pobladores han optado por no denunciar los delitos que padecen, pues las autoridades no resuelven las querellas, a pesar de tener pruebas. Para ellos, es mejor tratar de detener a los presuntos delincuentes para castigarlos por cuenta propia.
Juanita Poot Pat, una habitante comentó que en las parcelas de la unidad citrícola Jesús Martínez Roos se han cometido muchos robos, pero la Fiscalía General del Estado no ha resuelto ninguno.
La solución, indicó, es contratar vigilantes e instruirlos para que capturen a los presuntos ladrones, para darles su castigo. Otro quejoso, Ananías Uxul, dijo que él no tiene confianza en la labor de la justicia, pues nunca resolvieron ninguna de las denuncias que presentó.
Por otra parte, Gregoria Chan Canché denunció que en el Ministerio Público ignoraron su denuncia por la desaparición de su hijo menor, diciéndole que “no estaban para cuidar chamacos”. Tuvo que ir acompañada de personal policial adscrito al Grupo Especial de Atención a la Violencia Familiar y de Genero (Geavig) para que le hicieran caso.
Presunto líder delictivo
Chiapaneco de origen, López Salazar inició su vida en la política en 2012, como precandidato a diputado local en su tierra por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En 2015, fue electo diputado federal por la vía plurinominal bajo los colores del el PVEM, cargo donde sólo fungió por un mes puesto que solicitó licencia para regresar cargo como fiscal de Chiapas, donde previamente había pedido un permiso.
Tres años después, fue nuevamente candidato a diputado federal por Morena, por la vía uninominal. En 2019, fue nombrado delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México.
El 28 de febrero de 2020, después de la salida del vicealmirante Miguel Amézaga Ramírez, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lo nombró como nuevo secretario de Seguridad Pública en la entidad.
Al año siguiente, el mandatario lo acusó de encabezar una mafia en la Policía de Puebla y los centros penitenciarios, motivo por el que 14 meses después de nombrarlo le pidió la renuncia al ahora fiscal ratificado de Quintana Roo.
Los señalamientos del finado Barbosa Huerta fueron claros, ya que lo acusó de dirigir a “Los Chiapanecos“, además de asegurar que formaba grupos en el interior de la dependencia.
