Durante el 2023, en Quintana Roo se iniciaron 52 mil 274 carpetas de investigación en materia penal, conocidas tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por la Fiscalía General del Estado (FGE). De éstas, únicamente únicamente 2 mil 249 fueron cerradas, lo que podría traducirse en un 95.7 por ciento de impunidad, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional, que es de un 90 por ciento, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2024.
Sin embargo, un caso cerrado no significa que se haya resuelto o castigado al culpable, señaló el abogado penalista Daniel Jasso. Más bien quiere decir que se agotó la investigación y se llevó a juicio al indiciado y no hay más que hacer, porque se absolvió o sentenció al presunto o porque el Ministerio Público no encontró elementos suficientes que permitan mantener abierto un expediente, siempre y cuando se agoten todas las instancias. En términos llanos, sería la cancelación del expediente.
Añadió que solamente un 2 o 3 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a una instancia judicial y obtienen una sentencia, pero eso no implica que todas sean condenatorias.
El número de personas imputadas, de acuerdo con el Inegi, fue de 2 mil 556, mientras que 2 mil 548 se vincularon a proceso, es decir, casi el 100 por ciento, pero la encuesta no incluye información de la FGR porque este organismo reportó que no contaba con información sobre los procesos de trabajo en la etapa de investigación complementaria.
Según datos del CNPJE-F 2024, del total de esos expedientes, 10 mil 460 están pendientes y el resto, tiene el estatus de “determinadas”, es decir que están en curso, o no tienen alguna definición, que el delito pudo haber sido reconfigurado, etc.
De acuerdo con el glosario del Inegi, respecto a este tipo de carpetas, la autoridad podría establecer el inicio de la investigación, el no inicio de la investigación, el principio de oportunidad (no arranque de la persecución penal o abandonar la ya comenzada, pues el hecho delictivo no compromete gravemente el interés público); o el archivo temporal por falta de elementos; es decir, cuando no se puede comprobar el cuerpo del delito y la participación del inculpado.
Aunado a esto, la FGR informó que de las 28 mil 280 armas de fuego aseguradas el año pasado en México, 591 se decomisaron en Quintana Roo. De éstas, 117 eran armas largas, 459 cortas y 14 de fabricación artesanal.
En cuanto a las agencias del Ministerio Público, hay 39 en la entidad y, un dato curioso, es que a nivel nacional, al cierre del año pasado, el total de personal adscrito a la FGR fue de 19 mil 880 servidores públicos; mientras que en las FGE hubo 89 mil 851.
Al comparar los números en relación con el 2022, la cantidad de personal aumentó 2.1 por ciento en el primer organismo y disminuyó 2.1 por ciento en el segundo, lo que indica que la carga de trabajo desde hace años ha sido para las fiscalías estatales, porque la FGR, incluyendo la delegación en Quintana Roo, ha estado ausente y le ha delegado responsabilidades a la dependencia del estado, que antes no se ocupaba de investigaciones por narcomenudeo, por ejemplo.
