A dos años de que el Congreso de Quintana Roo aprobara por unanimidad la “Ley Vicaria”, se registran al día de hoy 450 casos de violencia vicaria, de los cuales 325 resultaron con sentencias a favor de los agresores, dejando a las mujeres a la deriva y en ocasiones hasta teniendo de huir hasta del estado, una de ellas falleció; mientras que, 125 están en juicio.
La definición violencia vicaria es simple y directa: es aquella acción u omisión cometida en contra de una mujer por una persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho, con la intención de causarle daño o sufrimiento al separarla de sus hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia.
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Cuando se habla de violencia, se debe recordar que no sólo existe la agresión física, como lo describió Natalia Tavizon Otero, psicóloga especializada en el tema y representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Quintana Roo. “Vivimos en una sociedad en la cual estamos permeados por violencia desde cualquier punto que se mire”.
Por ese motivo, y ante la saturación del Sistema Judicial, las mismas autoridades incurren en estas prácticas, beneficiando a los agresores con derechos que, en primera instancia, no deberían tener, como la custodia de los niños en el hogar y medidas precautorias contra las víctimas, quienes terminan siendo detenidas, o bien, huyen por la agresión.
Estas contribuciones del sistema judicial se aprecian en la “cifra negra” de mujeres, que suman 325 a la fecha. Los especialistas llaman así a los casos en los que las madres que interponen la denuncia, incluso presentando pruebas fehacientes contra sus agresores, no tienen la ley a su favor, al contrario, la autoridad las ignora y las obliga a tener una custodia compartida con su victimario.
También pueden ser mujeres que pasan a calidad de sustraídas o prófugas de la justicia, ya que los agresores, quienes normalmente tienen un trabajo estable y solvencia económica, terminan fabricando denuncias y manipulando a la autoridad.
En otras palabras, a través de la violencia vicaria, las mujeres, incluso siendo víctimas, pasan a ser, ante la ley, agresoras, como ya lo hemos demostrado en algunos casos seguidos en Por Esto!, el último de ellos, se registró en Playa del Carmen, donde se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Alma Nayeli Gutiérrez Pérez.
Este fenómeno ocurre desde hace tiempo. La autoridad detectó este tipo de casos desde el 2022, cuando diversos estados contemplaban este tipo de violencia de género, el problema es que no se trata sólo de reconocerlo, sino de atacarlo directamente, indicó la experta.
En México, el decreto de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor hasta enero de este año, lo que permitió modificar los códigos Civil Federal y Penal Federal y define en la legislación nacional a la violencia vicaria; de la misma manera, se insta a la tipificación de este tipo de delito con el fin de lograr un control de la situación.
Sin embargo, otro problema que surgió, es que a pesar que ya existe la ley, las sentencias y las herramientas, el personal que debe ejecutarlas no está capacitado para ejercer con imparcialidad y hacer una buena interpretación de la ley.
El primer problema fue la falta de legislación nacional, lo que generó que a la fecha los registros de los casos sean irregulares, sobre todo por el riesgo latente que la violencia vicaria genera y que en ocasiones la autoridad no sabe detectar; es decir, algunos sucesos comenzaron como violencia vicaria pero las agresiones aumentaron al grado de terminar con el feminicidio, lo que modifica las estadísticas.
Por ese motivo, actualmente ni asociaciones civiles ni el gobierno conocen cuántos casos de violencia vicaria terminaron siendo clasificados como homicidio o feminicidio, lo cual es un problema, pues no se ha detectado la raíz.
Caso mortal
Brenda “N” fue la primera víctima mortal de violencia vicaria en Quintana Roo; el caso se registró el 10 de marzo del 2023, cuando la agresión sistemática en su contra terminó orillándola a quitarse la vida.
Aunque el hecho se manejó como un suicidio más, en realidad fue un delito cometido por su expareja y que se clasifica como “inducción al suicidio”, es decir, persuadir a la persona para convencerla de que quitarse la vida es la mejor salida.
El caso fue llevado por la abogada Ariadne Song Anguas, quien afirmó que la acción tomada por la joven madre se debió a los múltiples ataques recibidos por su expareja, quien le decía cosas como: “mira qué feliz estoy con tus hijas; “qué gorda estás”; “no me sirves como mujer”; “tú no me sirves para nada, es mejor que te mates”, y “gracias a que tú sigues peleando tus derechos de convivencia familiar mis hijas sufren, las alteras y asustas”, las cuales fueron claves para el proceso y para que la mujer pusiera fin a su vida.
Lo peor del caso, según la litigante, es que todas estas acciones fueron solapadas por la autoridad, que a pesar de ver la acción del agresor y todos los demás factores, le otorgó la custodia de los hijos; además, de no medir las consecuencias e imponer una pensión alimenticia a Brenda Alvarado, como parte del protocolo.
El caso de Brenda es la viva expresión de la violencia vicaria y sus repercusiones. Luego de su muerte, la familia Alvarado terminó con un daño de tales dimensiones que prefirió ya no continuar con los procedimientos en contra del agresor y regresar a su pueblo, dejando a las niñas en manos del victimario.
Aunque este caso pondría a reflexionar a la gente por algunos minutos, la realidad es que las agresiones están tan normalizadas hoy en día, que muchas veces se dejan pasar, hasta que ya es demasiado tarde.
Actualmente hay otras 125 mujeres que luchan con el sistema judicial en la entidad; casos que se registraron entre el 2022 y el 2024. Asimismo, hay otras 325 “Brendas” con sentencias a favor de sus agresores; en estas etapas el daño es mayor, pues algunas han tenido que huir por los niveles de violencia que sufren a manos del agresor y la propia autoridad.
En la actualidad
La muerte de Brenda ocurrió en marzo del 2023, pero el litigio comenzó en el año 2021, con la carpeta con el número 2357/2021; asimismo, los 450 hechos denunciados en dos años prenden la alerta por los niveles de violencia que sufren las mujeres en el estado.
El caso más reciente fue el de Alma Nayeli Gutiérrez Pérez, con expediente 716/2024, ocurrido en los últimos días; también está el expediente 12454/2024, de Yaxal Manrique Muñoz Ledo, quien ha presentado no sólo pruebas de las agresiones en video, sino también fotos donde el agresor, en estado de ebriedad y cubierto de orines, se encuentra al lado de la menor. Sin embargo, la Fiscalía no ha tomado en cuenta estas pruebas.
También está empantanada la denuncia de Lizbeth Álvarez, quien levantó la Alerta Amber 226/ZN/2024 por su hijo desaparecido y desde junio espera que la fiscalía proceda con los protocolos correspondientes, a pesar de que saben que el menor sustraído está en Ciudad de México.
Natalia Durán levantó una Alerta Amber 229/ZN/2024 por su hija, a quien localizó en Campeche, pero las autoridades, por medio de las diferentes fiscalías, no han hecho nada para proceder.
Estos son sólo algunos de los 125 casos documentados y con carpeta abierta, lo que, a decir de las especialistas, ha invadido las dependencias de Gobierno de la mano de una cultura machista e impregnada por violencia, hasta el grado de normalizarla.
Por este motivo están creciendo las asociaciones como Colectivo Femenil Xtabay, Malinches Ingobernables y otros que se están uniendo para incidir en el tema.
La violencia es feminicida ¡córtala a tiempo!
No sólo la violencia vicaria puede llevar al feminicidio, en general, todas las manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana, y que a menudo se desconocen, pueden ir escalando y llevar a la víctima a un ciclo destructivo que termina en la muerte.
El Violentómetro es un instrumento diseñado hace más de una década por la Unidad Politécnica de Gestión de Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, para ayudar a las mujeres a detectar y atender todo tipo de violencia, incluso aquellas que socialmente se romantizan.
Se divide en tres escalas o diferentes niveles de colores, y a cada una le corresponde una situación de alerta.
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En el nivel más bajo se encuentran las bromas hirientes, el chantaje, las mentiras y el engaño, ignorar mediante la “ley de hielo”, celar y stalkear, es decir, espiar a una persona a través de sus redes sociales.
Más adelante se encuentra la culpabilización y descalificación a la víctima, las ofensas y la ridiculización de la pareja, aquí ya cambia el color a amarillo, con humillaciones públicas, intimidaciones, amenazas, el control o la prohibición, (para usar alguna prenda de ropa, por ejemplo, para salir con amigos o familia, para usar o disponer de su propio dinero, etc.).
También se encuentran en alerta amarilla la destrucción de artículos personales, el manoseo, las caricias agresivas, los golpes “a juego”, pellizcos, arañazos, empujes, jaloneos y ya en color naranja las cachetadas y patadas.
El color rojo comienza con el encierro forzado de la víctima o el aislamiento y la sextorsión, es decir, chantajear a una persona con publicar o difundir contenido íntimo si no accede a las peticiones del agresor.
Le siguen las amenazas con objetos o armas, la difusión del contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, las amenazas de muerte, obligar a una víctima a tener relaciones sexuales, el abuso sexual, la violación, la mutilación y por último, el feminicidio.
