Tres predios que suman poco más de 850 hectáreas (h) son reclamados por el Gobierno Federal como presuntas propiedades nacionales.
Uno es "La Roca", con una superficie aproximada de 300.3 h el segundo es "El Medio", de 360.6 h; y el tercero "El Peñón", de 249.5 h, los tres ubicados en el municipio Benito Juárez.
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Según se dio a conocer en el aviso de medición del Gobierno federal, “en cumplimiento de los Artículos 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 160 de la Ley Agraria, 101, 104 y 105 Fracción I del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo y en el periódico de mayor circulación de la Entidad Federativa, que se trate con efectos de notificación a los propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar.
Los afectados cuentan con un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación en el DOF para que comparezcan ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su afectación en copia certificada o en copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, en su comparecencia éstos deberán señalar domicilio cierto para oír y recibir notificaciones.
Apenas el pasado 15 de febrero, la Federación publicó otro aviso de deslinde, en este caso para el predio "El Canelo", de 127 hectáreas, en Tulum, donde actualmente realiza maniobras para la construcción del Tren Maya.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), también emitió el aviso en el DOF para que los interesados en reclamar el terreno puedan hacerlo en los siguientes 30 días hábiles.
En caso contrario, pasará a ser parte del catálogo de propiedades federales con las que dispone el Gobierno de México, es decir, quedará enajenado.
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HS