Como ha sucedido en los últimos días, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), de nueva cuenta revisó y analizó un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias promovido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, del propio Ayuntamiento y del medio de comunicación “Noticias Balam”; sin embargo, no procedió y fue devuelto, nuevamente, al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para que realice nuevas diligencias.
El Pleno del Teqroo, por unanimidad de votos confirmó el acuerdo 46 de la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD), del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), y ordenó el reenvío del Procedimiento Especial Sancionador PES/018/2024 a la autoridad instructora.
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En sesión pública virtual, se atendió el Recurso de Apelación RAP/065/2024, que presentara el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo 46 de la CQyD, por medio del cual determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el partido en el expediente PES/073/2024 y su acumulado PES/074/2024.
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Al respecto, el pleno determinó confirmar el referido acuerdo, dado que los agravios presentados fueron declarados infundados e inoperantes, por lo que el acuerdo impugnado no vulnera los principios constitucionales en la materia y, por ende, se encuentra debidamente fundado y motivado.
Por otra parte, esta autoridad jurisdiccional ordenó, por unanimidad de votos, el reenvío del Procedimiento Especial Sancionador PES/018/2024 a la autoridad instructora -Ieqroo- para que realice las diligencias que sean necesarias para garantizar la debida integración del expediente y este Tribunal esté en condiciones de emitir una resolución conforme a derecho.
Este procedimiento fue promovido por el PRD para denunciar a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, al referido Ayuntamiento, al Coordinador de Comunicación Social, al medio de comunicación “Noticias Balam” y quien resulte responsable, por la supuesta realización de conductas violatorias a la normatividad electoral, consistente en la realización de supuesta propaganda gubernamental a favor de la servidora pública señalada, entre otras conductas.
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