De los 32 Estados de la República Mexicana, Quintana Roo se ubica entre los que tienen mayor presencia de corrupción y falta de respeto al Estado de derecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual ubicó hace dos meses a la Entidad en los primeros lugares en tasa de ciudadanos víctimas de actos de corrupción, así como en insatisfacción por los servicios públicos básicos.
Este ejercicio estadístico señala que el Estado se ubica entre los seis en el país con menor satisfacción con los servicios públicos básicos, desde recolección de basura y agua potable, hasta calles, avenidas y Policía.
Según este indicador, apenas un 45.3% de los quintanarroenses se dijeron satisfechos con los servicios públicos. En este rubro, la Entidad menor calificada fue Tabasco, con el 39.6%; es decir, apenas cinco puntos porcentuales de insatisfacción por arriba de Quintana Roo.
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Sin embargo, tratándose de un servicio de vital importancia como es el agua potable, la encuesta arroja niveles aún más bajos de insatisfacción, pues sólo el 8.4% de los quintanarroenses dijo aprobar este servicio. Esto coloca a la Entidad en el cuarto sitio de insatisfacción en este rubro, sólo por debajo de Tabasco, Guerrero y Chiapas, tres de los Estados con mayor pobreza a nivel nacional.
La Entidad vuelve a figurar entre los cinco Estados con menor sensación de seguridad por parte de la ciudadanía, pues apenas el 27.4% de los quintanarroenses encuestados dijo sentir que la presencia policial contribuye a generar percepción de seguridad.
En cuanto a niveles de corrupción, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental arrojó resultados contundentes, pues en el apartado de percepción sobre su frecuencia, el 82.8% de los encuestados dijo que es frecuente encontrarse con estas prácticas en la Entidad.
Esto se confirma en el siguiente apartado, respecto a las víctimas de actos de corrupción, donde el Estado figura en el quinto sitio a nivel nacional, con una tasa de 16 mil 954 ciudadanos por cada 100 mil habitantes, durante el 2023.
Esta misma encuesta, aplicada en el 2021, arrojó entonces un nivel incluso más alto de víctimas de corrupción, con 20 mil 413 por cada 100 mil habitantes.
El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante el 2023 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.4 por ciento. Siguió el trámite para abrir una empresa, con 27.5%.
Esto arroja que de nueva cuenta Quintana Roo se ubica en los primeros siete lugares a nivel nacional, con el costo promedio más elevado por cada acto de corrupción.
Según la encuesta del Inegi, en Quintana Roo el costo promedio por cada acto de corrupción durante el 2023 fue de 4 mil 138 pesos. En la Ciudad de México, que ocupó el primer sitio a nivel nacional en este rubro, el costo fue de 6 mil 471 pesos.
Estado de derecho
Los datos del Inegi concuerdan con un estudio elaborado por World Justice Project sobre Estado de derecho que abarca los años 2022-2023.
Según el documento, Quintana Roo tiene una puntuación de 0.36 en una escala que va de cero a uno, donde uno representa la calificación idónea. Dicho estudio califica aspectos como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En todos y cada uno de los puntos anteriores, Quintana Roo obtiene las más bajas puntuaciones. Los indicadores con mayores debilidades son su ausencia en el poder legislativo, ocupando el lugar 31; y ausencia de corrupción en las instituciones de Seguridad y procuración de justicia, que lo ubica en el penúltimo sitio.
En límites al poder gubernamental, también está en la penúltima posición a nivel nacional; además, la Entidad ocupa la posición 29 en el indicador que mide si las elecciones son libres, limpias y transparentes.
También está en el lugar 30 en la efectividad del judicial como contrapeso y tiene su puntaje más bajo y lugar 30, en la efectividad de los organismos de fiscalización y control como contrapesos.
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