El Congreso de Quintana Roo aprobó tres reformas relacionadas con la seguridad y la prestación de servicios de transporte. La primera establece sanciones de 2 a 6 años de cárcel y multas de hasta 240 días para quienes dañen propiedades de manera intencional. La segunda contempla un incremento en las penas por homicidio o lesiones, añadiendo una mitad más a la sentencia y aumentando en dos terceras partes si la víctima es un menor o un turista. La tercera disposición establece la revocación de concesiones o permisos de transporte si el concesionario o sus empleados cometen delitos mientras prestan el servicio.
La reforma, según señalaron en pleno los legisladores, se origina como una medida para contrarrestar los distintos hechos violentos que han involucrado a servidores de transporte público y privado, principalmente, en Cancún y en la Riviera Maya, zona donde por años se han reportado agresiones de taxistas a choferes de la plataforma Uber.
En su intervención, la legisladora Euterpe Gutiérrez comentó que, para proteger la imagen turística y garantizar la seguridad de los usuarios en el estado, es necesario aplicar sanciones más severas contra aquellos servidores que atenten contra la integridad de otros.
“Estas medidas son un mensaje claro de cero tolerancia contra cualquier acto de violencia que afecte a nuestros quintanarroenses o turistas”, declaró.
Entre los cambios a la ley se encuentra: perseguir de oficio a los prestadores de servicio de transporte, quienes durante sus funciones se impliquen en el homicidio de alguna víctima menor de edad o turista; a quienes destruyan el vehículo o pertenencias ajenas, podrían obtener hasta seis años de prisión.
De igual manera, tal como ha sucedido en los paraderos de los aeropuertos de la zona norte, donde choferes de plataformas digitales ven obstruido su paso por parte de taxistas, las nuevas adiciones al código penal sancionarán estos actos por retención de vehículos de transporte público o privado.
Por otra parte, concesionarios podrán ver revocadas sus concesiones cuando la autoridad competente compruebe que él mismo o por medio de sus empleados ha cometido un delito doloso durante el ejercicio de sus labores.
Otro cambio que se establece con la aprobación del dictamen es que cualquier persona que “dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique” una vía de comunicación, cuya comisión podría acarrear una pena de seis meses a cuatro años.
Medida que generó preocupación entre algunos ciudadanos en redes sociales, pues consideraron que atenta contra aquellas personas que se manifiesten o bloqueen carreteras, ejerciendo su derecho a protesta.
Beneplácito ciudadano
“Ya habían permitido mucho abuso a los taxistas”, declaró un ciudadano, quien se mostró a favor del dictamen aprobado en el Congreso, entre cuyos propósitos está frenar la epidemia de agresiones que han implicado a los ruleteros en contra de choferes de plataformas digitales.
En encuesta, varios ciudadanos de la capital del estado expresaron que era necesario tomar medidas contra las agresiones de los taxistas, pues es una problemática que se viene arrastrando desde hace años.
En meses recientes, algunos sindicatos del estado quedaron bajo la mira de las autoridades, después de que se implicó a varios dirigentes en hechos delictivos y la presunta comisión de homicidios, tales como en los gremios de Cancún y Tulum.
Casos que se sumaron a los actos de violencia contra choferes de plataformas de transporte digitales, como Uber, que se han vuelto noticia nacional y por medio de redes sociales, usuarios extranjeros han mostrado su malestar e indignación al verse afectados por estos actos, que han sido una constante en la zona norte de la entidad, aunque también se han presentado incidentes en Chetumal.
“No puede ser que el pueblo pague y la imagen de nuestro estado se manche, porque un taxista está peleando que le quitaron su pasaje”, dijo una ciudadana.
A su vez, Héctor agregó: “Imagina lo que piensa el turista cuando ve eso, no va a querer regresar”.
Sobre si estas medidas tendrán un impacto, unos chetumaleños mencionaron que es importante que las autoridades apliquen la ley y no protejan a los sindicatos o a aquellos servidores de transporte que agredan a la gente.
“Es tarea de las autoridades hacer que se cumpla, si no, no sirve de nada. Entonces quedamos igual y si quieren que la gente venga a visitarnos, pues tienen que hacer su trabajo”.
Por su parte, un ruletero comentó a favor de aplicar la ley por igual para frenar estas actitudes: “Como mencionas, la ley va parejo para cualquier chofer. Quien la incumpla, pues tiene que acatar las consecuencias, uno solo tiene que hacer su trabajo, tener cuidada su unidad y tratar bien al pasaje”.
Afectan imagen
En Playa del Carmen, los taxistas de Quintana Roo están deteriorando la imagen del destino, afectando a una economía que depende en gran medida del turismo. Mientras el sector hotelero y gastronómico trabajan en mejorar la calidad de sus servicios, los sindicatos “están matando a la gallina de los huevos de oro”, según expresaron ciudadanos en un sondeo.
Exigen justicia sin distinciones
“La ley debe aplicarse sin excepciones. Si alguien comete un delito, debe ser castigado sin importar quién sea. Investigar a un taxista no es persecución, es impartir justicia, lo mismo debería ocurrir con servidores públicos, políticos o empresarios. Pero en lugar de trabajar en reformas efectivas, los diputados están más preocupados por promover su imagen en redes sociales”, criticó José Manuel Martínez.
Melisa Ocampo Santoyo expresó su escepticismo respecto a la aplicación de nuevas leyes. “De nada sirve aprobar reformas si luego no las aplican o lo hacen de manera selectiva. Los taxistas creen que son dueños de las calles, pero además son groseros y conflictivos”.
Conflictos en el aeropuerto
Uno de los principales focos de violencia se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde los taxistas han protagonizado altercados sin que las autoridades pongan freno a la situación. “Están matando al destino y ni siquiera se dan cuenta. Los turistas se llevan una mala experiencia, lo que afecta la reputación del centro vacacional”, agregó Ocampo.
Emanuel Sánchez Flores también cuestionó la falta de acción gubernamental. “Las leyes son claras y están vigentes, el problema es que los diputados no leen ni estudian. Cada vez tenemos legisladores más mediocres, que sólo sirven para beneficiarse a sí mismos. Necesitamos gobernantes con carácter. Los taxistas parecen tener más poder que la propia gobernadora de Quintana Roo. Esperemos que con la nueva Ley de Movilidad no haya impunidad”.
Sánchez Flores también enfatizó que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero condenó la forma en que lo hacen los taxistas. “Nadie nos puede prohibir expresarnos porque sería un atentado contra la libertad de expresión, pero lo de los taxistas no es protesta, es violencia. Atacan a los turistas sin medir las consecuencias”.
Reforma divide opiniones
Tulum es uno de los municipios donde los ruleteros han sido más exhibidos, incluso su dirigente estuvo preso por presunto homicidio y es de los lugares donde se demandaba desde un principio endurecer las sanciones por delitos graves, que ahora fueron aprobadas por el Congreso del Estado de manera unánime. Aunque el proyecto al darse a conocer había generado opiniones encontradas, ya que algunos consideraban que las medidas serían insuficientes.
En un sondeo realizado en Tulum, las opiniones fueron diversas. Mariana López, residente de la colonia La Veleta, señaló: “Es un avance, pero siento que las sanciones siguen siendo insuficientes. A los taxistas se les debería exigir un mayor control porque afectan tanto a los locales, como a los turistas”.
Jorge Méndez, comerciante del centro, celebró la propuesta: “Al fin alguien se atreve a regularlos. Ya era hora de que los taxistas fueran responsables de sus actos. Pero habrá que ver si realmente se aplica”.
Susana Reyes, madre de familia, expresó sus reservas: “Aunque es un paso importante, no creo que las sanciones resuelvan el problema de raíz. Los diputados deberían enfocarse también en supervisar y capacitar a los transportistas”.
Falta de claridad
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la ambigüedad en la aplicación de sanciones, en particular en lo referente a la alteración de la vía pública. Ciudadanos cuestionaron si los legisladores abordaron integralmente los problemas del transporte público o si solo intentaron “apagar fuegos” con medidas parciales.
A pesar de los intentos por establecer reglas más estrictas, las críticas apuntan a que la reforma carece de contundencia. La ciudadanía insiste en que la ley debe ser más clara, específica y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones, y que no haya impunidad.
Insuficiente
Habitantes de José María Morelos consideran que las modificaciones a la Ley de Movilidad en Quintana Roo a pesar de parecer rigorosas en cuanto a las sanciones contra los transportistas, no son suficientes. Señalan que los legisladores debieron endurecer las penas para que los infractores comprendan que su labor es brindar un servicio a la sociedad y respetar las normas.
Los ciudadanos Magdaleno Mukul Canché, Agripino Acosta y Jorge May Manzanero cuestionaron la efectividad de la reforma y lamentaron que las leyes aprobadas sean “demasiado blandas”. “Los diputados crean normas que rara vez se cumplen y, cuando lo hacen, las sanciones son mínimas”, expresaron.
Añadieron que, en José María Morelos, los taxistas son los transportistas más visibles y que constantemente obstruyen la avenida principal sin consecuencias. Por ello, propusieron que la ley establezca con claridad los espacios que deben ocupar para evitar conflictos en la ciudad.
Más allá de modificar la Ley de Movilidad en Quintana Roo, ciudadanos y expertos consideran necesaria una revisión al nuevo sistema de justicia penal, con el fin de castigar de manera efectiva a los operadores de transporte público involucrados en hechos que atenten contra la seguridad de la ciudad y el patrimonio de los afectados.
La reciente reforma, aprobada por los diputados, plantea sancionar penalmente a conductores de transporte público por delitos como homicidio o lesiones a menores y turistas, lo cual actualmente no está especificado en el Código Penal.
Hablan expertos
El licenciado en derecho Eliseo Bahena explicó que delitos como lesiones, daños y homicidio provocados por vehículos ya están contemplados en el Código Penal, sin importar si el responsable es un conductor particular o de transporte público, ni si la víctima es nacional o extranjera.
“Quizás habría que endurecer las penas cuando el conductor está bajo el influjo de drogas o alcohol. Actualmente, muchos logran su libertad con el pago de sumas mínimas, sin garantizar siquiera la reparación del daño”, advirtió Bahena.
El abogado también señaló que ya existe la tipificación del delito de ataque a las vías generales de comunicación, por lo que consideró urgente revisar el sistema de justicia penal para evitar la impunidad.
Desde la comunidad Filomeno Mata, Jorge Correa Ek pidió que las nuevas leyes realmente sancionen a los transportistas que pongan en riesgo a sus pasajeros, sean locales o turistas. “Con esta ley, los operadores deberán pensar dos veces antes de actuar de forma irresponsable. No podemos permitir que sigan afectando la imagen de destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Felipe Carrillo Puerto”, expresó.
En tanto, el vendedor ambulante Gonzalo Rodríguez demandó sanciones más rigurosas: “Si es una ley que beneficia a la ciudadanía, debe aplicarse sin distinciones. No es posible que los taxistas involucrados en hechos que dañan la imagen de la ciudad y ponen en peligro a la gente sigan operando impunemente”. La exigencia de ciudadanos y expertos es clara: la nueva ley debe garantizar seguridad, tanto para los turistas como para los habitantes, y debe aplicarse sin concesiones.
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Debate
La reciente aprobación de la Ley de Movilidad en Quintana Roo, que estipula penas de dos a seis años de cárcel para transportistas responsables de homicidios o lesiones, ha generado opiniones divididas entre los habitantes en Lázaro Cárdenas.
Mientras algunos consideran que las sanciones son suficientes para contener los abusos de los taxistas, otros sostienen que las medidas debieron ser más severas contra quienes han perjudicado la imagen.
Yara Teh señaló que no estaba al tanto de la aprobación de la reforma, pero consideró que la revocación de la concesión sería un castigo suficiente para los taxistas que provoquen daños a otros medios de transporte o a las vías de comunicación. Sin embargo, afirmó que seis años de prisión por homicidio resulta insuficiente y que los diputados debieron aumentar la pena para este delito.
Por su parte, Ricardo Canché comentó que, aunque no está al tanto de los detalles de la reforma, cree que las sanciones de prisión y la revocación de concesiones son medidas adecuadas para obligar a los transportistas a cuidar su patrimonio antes de incurrir en actos violentos.
Añadió que, aunque en Lázaro Cárdenas no han ocurrido hechos graves de violencia por parte de taxistas, es mejor prevenir antes de que se repitan las agresiones y bloqueos de vías de comunicación que han afectado a otros municipios.
Por otro lado, Gloria Pech expresó que la reforma debió someterse a consulta pública, pues delitos como el homicidio o los ataques que cometen algunos taxistas no deben justificarse bajo la excusa de defender su trabajo. Sostuvo que la violencia no es la solución y que las penas aprobadas son insuficientes.
Algunos ciudadanos también señalaron que cerrar el paso a conductores de plataformas, bloquear vialidades o bajar a los usuarios de los vehículos merece sanciones más severas no solo para los operadores, sino también para los propietarios de concesiones, quienes deberían establecer filtros más estrictos para contratar personal, incluyendo la revisión de antecedentes penales.
Piden mano dura
Ciudadanos exigen a las autoridades endurecer las leyes que regulan el transporte público para evitar abusos, tanto contra turistas como contra locales y otros conductores, poniendo fin a la impunidad, especialmente entre los taxistas.
La opinión de los cancunenses surge tras la iniciativa estatal que busca tipificar los delitos cometidos por taxistas contra otros prestadores de transporte y usuarios, estableciendo sanciones adecuadas para erradicar estos actos de violencia.
