Durante 2024, se reportaron 2 mil 35 casos de corrupción de menores mujeres en todo el país, de los cuales 116 ocurrieron en Quintana Roo. Estas cifras sitúan al estado en el quinto lugar a nivel nacional, mientras que en los otros dos estados de la Península, Campeche tuvo 20 casos y Yucatán solo uno.
Por cada 100 mil habitantes en relación con este delito, Quintana Roo ocupó el segundo lugar con 11.3 casos, solo por detrás de Guanajuato con 14.8 casos. Campeche se ubicó en el décimo lugar con 4.1 casos, según el reporte anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además de la corrupción de menores, el delito de violación sigue siendo un problema grave. Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional con 34.8 casos por cada 100 mil habitantes, solo superado por Chihuahua con 37.8, mientras que Campeche se encuentra en el tercer lugar con 28.7 casos. En contraste, Yucatán está en los últimos lugares con solo 1.8 casos, evidenciando una diferencia considerable dentro de la misma región.
Las cifras del SESNSP también indican que, en diciembre de 2024, un total de 9 mil seis mujeres fueron víctimas de algún delito en el país. En términos de tasas de victimización por entidad, Guanajuato registró la cifra más alta con 26.11 mujeres afectadas por cada 100 mil habitantes, seguido por Quintana Roo con 23.94 y Colima con 23.64.
En el extremo opuesto, Tlaxcala presentó la tasa más baja, con solo 0.14 mujeres víctimas por cada 100 mil, seguido por Yucatán con 0.16 y Aguascalientes con 1.54.
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Las cifras revelan una tendencia alarmante en Quintana Roo y otras entidades con alta actividad turística y migración constante. Aunque la violencia de género y los delitos contra menores son problemas nacionales, los altos índices en estos estados sugieren la necesidad de un análisis más profundo sobre las condiciones sociales, económicas y de seguridad que facilitan su ocurrencia.
Para que Quintana Roo logre revertir esta situación, es fundamental que las autoridades implementen medidas preventivas y de protección efectivas, aseguren la denuncia sin represalias y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas.
Las cifras por sí solas reflejan una crisis que no puede ser ignorada. La verdadera pregunta es si las acciones gubernamentales serán suficientes para reducir estos delitos o si Quintana Roo continuará liderando las estadísticas de violencia contra mujeres y menores en el país.