Los compradores de terrenos y viviendas en Quintana Roo se encuentran en total indefensión ante la creciente cantidad de fraudes inmobiliarios, pues hasta el momento solo se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía estatal.
Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) continúa realizando recorridos en los municipios de la zona norte para detectar desarrollos sin los permisos legales para construir o comercializar lotes, informó su titular, José Alberto Alonso Ovando.
El funcionario señaló que están elaborando el Registro Estatal de Desarrollos Inmobiliarios Irregulares, donde se incluirán personas y empresas que vendan terrenos sin las autorizaciones y licencias requeridas por la Ley de Fraccionamientos.
Asimismo, trabajan con el Congreso local en una iniciativa de ley para hacer más preciso el Código Penal en materia de delitos de desarrollo urbano. El objetivo es sancionar la promoción, venta y otorgamiento irregular de permisos para fraccionamientos ilegales, así como incluir la intermediación inmobiliaria para exigir mayor responsabilidad a los agentes de bienes raíces.
Ovando advirtió que la venta fraudulenta de terrenos y viviendas desordena el crecimiento de las ciudades y condena a las familias a vivir en zonas sin servicios públicos, ya que ni el estado ni los ayuntamientos están obligados a dotar de infraestructura a terrenos de particulares que no serán municipalizados.
“Hemos detectado múltiples fraudes relacionados con la venta de tierras que no pertenecen a los vendedores. Se trata de terrenos nacionales, ejidales, estatales o privados que son comercializados sin autorización”, explicó.
Hasta el momento, en la zona sur —Chetumal, Bacalar y Mahahual— se han identificado 22 seudodesarrollos que operan de manera irregular. Algunos han solicitado regularizarse, por lo que Sedetus los canaliza con los Colegios de Arquitectos para que cumplan con la normatividad estatal y municipal.
En la zona norte, particularmente en la zona continental de Isla Mujeres, se han detectado 51 lotes subdivididos ilegalmente y puestos a la venta. La dependencia también ha clausurado predios en Benito Juárez, Tulum y Puerto Morelos que eran comercializados sin los permisos correspondientes.
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Ovando destacó que la revisión es permanente y no busca perjudicar a nadie, sino exhortar a que se cumpla la legalidad. “Quienes vendan terrenos deben contar con licencia de fraccionamiento y una fianza que garantice la instalación de servicios públicos, pero esto no se está haciendo”, advirtió.
Finalmente, pidió a la ciudadanía verificar que los terrenos cuenten con permisos antes de comprarlos y consultar con las autoridades para evitar fraudes. También señaló que los profesionales inmobiliarios están en proceso de certificación para garantizar transacciones seguras y confiables.
