Desde hace 14 años, en Quintana Roo se han registrado más de mil despojos de sus viviendas y predios en contra de las familias que los habitan y que invirtieron una gran cantidad de dinero para tener un patrimonio, sin que las autoridades del estado hayan aplicado hasta el momento la ley y estrategias para poner freno a estos incidentes, en los que incluso participan en contubernio jueces y notarios públicos.
Ante el incremento de casos que se registran en la ciudad, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo, el Colectivo “Resistencia Civil Pacífica y Alianza Nacional Barzón Las América AC” solicita un acercamiento con las autoridades, para poder entablar una mesa de trabajo, en la cual se puedan combatir los más de mil fraudes que hasta ahora están registrados en diferentes zonas de Cancún, ocurridos del 2013 a la fecha.
David Cruz, representante de ambas agrupaciones en Quintana Roo, resaltó la necesidad de que las autoridades tomen la importancia al tema, que logren poner un freno a la situación que gran cantidad de familias están viviendo en la actualidad, donde su patrimonio está siendo robado por terceras personas, ajenas a las instituciones crediticias con las que tramitaron los créditos hipotecarios.
Los casos identificados en la entidad son más de 1000, en los fraccionamientos Haciendas del Caribe, Paseos Kabah, Los Héroes y Calakmul, donde los propietarios han sido sacados con engaños por personas se hacen pasar por trabajadores de las instituciones crediticias, actuarios, o bien, existe el registro de que también se han hecho pasar por policías, organizando desalojos ficticios, donde inmediatamente después de sacar a las familias toman posesión del inmueble.
El problema no es privativo de los fraccionamientos mencionados, que son un foco rojo, ya que este tipo de fraudes hipotecarios está llegando a lugares más exclusivos de la ciudad, donde los montos y las propiedades son más elevados como lo es la zona de Santa Fe, para aprovechar el status de las personas, quienes debido a la imagen prefieren callar este tipo de abusos.
Por este motivo, ambas asociaciones están uniendo esfuerzos y hacen el llamado a los ciudadanos para que se acerquen y denuncien, para de esta manera lograr una solución y erradicar este delito.
Este tipo de fraudes es tan avanzado, que en muchos casos las casas son vendidas por medio de un supuesto contrato notarial, en el que aseguran que los pagos van directo a la entidad que brindó el crédito, pero a la hora de llegar a buscar un sustento legal, éste no existe y la institución que brindó el apoyo desconoce el trámite, terminando siendo desalojados los nuevos compradores.
Por este motivo, David Cruz asegura que estará evidenciando poco a poco cada uno de los casos, con las pruebas necesarias, haciendo que las autoridades volteen la mirada a este tema tan delicado, en el cual los delincuentes están aprovechando el vacío legal existente y la falta de información del ciudadano.
Un caso particular, sucedido en las últimas 24 horas, se originó en el fraccionamiento Haciendas del Caribe, donde la unión de esta y más asociaciones lograron detener un desalojo, en el cual el Juez otorgó la orden a terceras personas que no son los propietarios originales del predio.
La gravedad del caso es tal, que los desalojos se están realizando con juicios simulados e indebidos emplazamientos, en su mayoría, emitidos en el tribunal del Juzgado Civil de Primeria Instancia, donde no tienen el control de los actuarios, jueces y los bancos que compran las carteras hipotecarias, como sucedió con los fraudes generados por la inmobiliaria Su Casita.