La XVII Legislatura local aprobó la adición del Artículo 218 Bis (denominada “Ley Chaleco”) a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, bajo el argumento de que un 80 por ciento de los delitos en Quintana Roo se realizan usando motocicletas.
Sin embargo, hasta el momento no han exhibido estudio alguno que sustente ese porcentaje, dijo “El Diablo”, representante de la Alianza de Motociclistas de Quintana Roo y que pertenece al moto club Hellracers.
Tras la reunión celebrada en el Complejo de Seguridad C5, afirmó; “no se llegó a ningún acuerdo en la reunión. Lo que es un hecho es que la propuesta de ley la impusieron (los diputados), pisoteando los derechos de cada individuo.
Por otro lado, colectivos de motociclistas -la mayoría de ellos bikers– acusan que la medida trasgredirá sus derechos y que existirían otras prioridades antes que portar un chaleco reflejante.
Mientras que se afirma que la dotación de los chalecos reflejantes correrá a cargo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y, aún estaría bajo análisis el precio que tendría para el usuario.
En principio, el Imoveqroo contempló entregar gratuitamente esos chalecos, sin embargo, el costo rondaría los 44 millones de pesos que no estarían presupuestados por ningún lado.
En la mesa de trabajo celebrada este jueves entre autoridades estatales y municipales con representantes de motociclistas, no se llegó a ninguna solución sobre la adición del Artículo 218 Bis (denominada Ley Chaleco) a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, aunque el gremio de los llamados “bikers” descartó una nueva movilización por el momento en todo el Estado.
No hubo consenso para esta nueva medida
El representante de los motociclistas señaló que es “increíble que la ignorancia (de la autoridad sobre el mundo del motociclismo) pueda afectar tanto. Para imponer algo tiene que hacer un estudio de lo que vas a hacer, ver los pros y los contras”.
A la mesa de trabajo convocada con los motociclistas acudieron representantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, así como de Othón P. Blanco, quienes expusieron su rechazo a la propuesta de ley a la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez.
Así como a Julio César Gómez Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, a Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, Director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, y Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez.
Esto después de las manifestaciones simultáneas realizadas el miércoles en diferentes ciudades en Quintana Roo, cerrando el acceso a la carretera del Aeropuerto Internacional de Cancún.
GC