
Un total de 19 concesiones del transporte público, en su mayoría de taxis, se encuentran en proceso de revocación, el cual se definirá bajo el marco de la reforma al Código Penal y la Ley de Movilidad del Estado, confirmó personal de la Secretaría de Gobierno. Estas medidas buscan regular a los operadores que brindan este servicio.
Actualmente, las 19 concesiones en proceso de investigación y revocación están distribuidas en varios municipios del estado. Se espera que en las próximas semanas el procedimiento concluya y, una vez revocadas, sean adjudicadas a personas que llevan años en lista de espera.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que a estos procesos se suman nueve más, los cuales fueron ejecutados a finales de 2024, retirando la concesión a propietarios que hacían un uso indebido de la misma.
Respecto a los casos actuales, la vocera del Gobierno estatal no brindó más información, ya que aún se encuentran en investigación. Explicó que las carpetas siguen abiertas y se están analizando desde todos los ángulos, involucrando a las dependencias necesarias para sancionar las irregularidades en el servicio de transporte público. Aclaró que, si se confirma la responsabilidad del concesionario, se procederá a la revocación definitiva.
Asimismo, la funcionaria señaló que, con la actualización de la ley y el proceso administrativo, la investigación y aplicación de sanciones se agiliza. Hoy en día, ante cualquier falta comprobada, la revocación de la concesión se ejecuta de inmediato, siempre respetando los procedimientos legales y garantizando el derecho de audiencia al concesionario.
Además, enfatizó que, en las investigaciones en curso, donde se determinará el destino de las 19 concesiones, se garantizará el castigo a las agresiones señaladas en contra de servicios de transporte, ya sean públicos o privados. Esto se basa en el Artículo 162 Bis, que endurece las sanciones por el delito de daños, con penas de 2 a 6 años de prisión, con el objetivo de regular el actuar de los operadores.
JY