Clubes de motociclistas aseguran que la llamada "Ley Chaleco" es violatoria de los derechos humanos, discriminatoria y no contribuye a la seguridad vial. Por ello, continuarán insistiendo en que no se aplique. El Gobierno del Estado reporta la existencia de aproximadamente 120 mil motociclistas, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima 240 mil.
Los llamados “bikers” seguirán con su estrategia jurídica y advierten que, a pesar de que las autoridades aseguran que antes de que concluya marzo se publicará la modificación a un artículo de la Ley de Movilidad en el Periódico Oficial del Estado, habrá una “avalancha” de demandas de amparo ante el Poder Judicial.
Señalaron que las propias autoridades de Quintana Roo argumentan que el objetivo de la “Ley Chaleco” es mejorar la seguridad vial y reducir la delincuencia. Sin embargo, cuestionaron que, pese a los anuncios de los tres niveles de gobierno sobre la inversión de miles de millones de pesos en seguridad y sistemas de cámaras, estos no han servido para detener a presuntos delincuentes, incluyendo homicidas.
“Entonces, ¿para qué sirven los datos que vienen en las tenencias y en otros documentos?”, reclamaron. Las autoridades estatales han señalado que este mes de marzo se terminará la reglamentación complementaria para la mencionada ley.
Contexto de la Ley Chaleco
El 24 de julio del año pasado, la XVII Legislatura aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad, estableciendo el uso obligatorio de casco y chaleco para motociclistas. Dos días después, la reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La normativa indica que, a partir del 2 de enero de 2025, los motociclistas estarán obligados a adquirir un kit que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) venderá por 2,200 pesos.
Los motociclistas consideran que la rapidez con la que se operó la reforma confirma que su verdadero fin es recaudatorio y no de seguridad, lo que generó protestas en todo el estado.
Ante la presión social, la Secretaría de Gobierno (SG) instaló una mesa de diálogo en el Complejo C-5 de Cancún.
Se informó que aquellos con motocicletas de menos de 250 caballos de fuerza y que estén adheridos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) estarán exentos del uso del chaleco. Sin embargo, los clubes de motociclistas de Quintana Roo rechazaron esta disposición, ya que ninguna asociación está incorporada a la Conade.
En un intento por calmar las inconformidades, entre noviembre y diciembre del año pasado, el entonces director del Imoveqroo, Rodrigo Alcázar, anunció que regalaría chalecos, aunque a partir del 2 de enero de 2025 habría que pagarlos.
El funcionario detalló que el Imoveqroo destinaría más de 42 millones de pesos para la adquisición de los aditamentos. Aunque la primera dotación será gratuita, posteriormente serán vendidos.
Amparos contra la Ley Chaleco
En Quintana Roo, se han presentado amparos contra el artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad, que obliga a los motociclistas a usar chalecos reflejantes y casco con número de placa rotulado.
En febrero pasado, el Juzgado Segundo de Distrito de Cancún otorgó un amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor de Giovanni Castillo Virgilio Álvarez, quien presentó su demanda en agosto de 2024.
Este es el segundo amparo ganado por los motociclistas. En enero, el Juez Quinto de Distrito, Alonso Robles Cuétara, otorgó un fallo protector a favor de otro motociclista, argumentando que los diputados locales aprobaron la norma con vicios constitucionales, violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El juzgador determinó que no existe relación entre el uso de estas prendas y la reducción de accidentes, como se argumentó en la exposición de motivos de la reforma.
Suspensión definitiva e impugnaciones
El Juez Quinto de Distrito otorgó un amparo contra la norma, al considerar que no beneficia la seguridad vial. Además, motociclistas del sur de Quintana Roo lograron una suspensión definitiva contra la reforma de la Ley de Movilidad.
Por su parte, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado impugnó el primer amparo ganado por un motociclista. El Juzgado Quinto de Distrito recibió un recurso de revisión contra la sentencia a favor de Marco Antonio Ruiz Linares.
