Mientras avanzan los días al plazo para la aplicación oficial de la “Ley Chaleco”, el viernes 24 de septiembre, los motociclistas se enfrentan a otra traba para interponer cerca de 500 amparos más, ya que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentran en paro de labores.
Si bien los afectados presentaron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), no obtuvieron una respuesta favorable, toda vez que dicha Comisión optó por no intervenir en el tema; dejando a los motociclistas desamparados en ese sentido.
Fue así que decidieron recurrir a la siguiente instancia, siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que esta solicite una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Chaleco”; no obstante, se encuentran en espera de que emita una respuesta oficial, pues hasta el momento no la ha emitido, por lo cual los motociclistas se mantienen en incertidumbre respecto a si obtendrán el respaldo de la CNDH.
De los 500 amparos que prevén promover, 250 corresponden a los conductores que trabajan como motoservicios y los otros 150 son de clubes de motociclistas, todos de la ciudad de Chetumal, quienes han tenido que valerse de sus ingresos propios para costear el proceso legal referido.
Por lo tanto, la situación entre los conductores y las autoridades se mantiene en tensión, pues los afectados mantienen su postura sobre que la obligatoriedad del uso de equipo de seguridad vial se estableció para una manera de recaudar ingresos y no en correspondencia a temas de seguridad, como se ha manifestado por las autoridades.
En Cancún, motociclistas convocan a marcha pacífica
El Movimiento Unido de Motociclistas y diversos clubes promueven una marcha pacífica este jueves 29 de agosto, “en defensa de la independencia del poder Judicial”, a la vez que adelantan que estarán dando seguimiento a la promoción de amparos contra la llamada “Ley Chaleco”.
De acuerdo a la convocatoria que han hecho circular en grupos de WhatsApp, la cita es el jueves a las 17:30 horas frente al monumento de las buscadoras, en las avenidas Tulum y Nichupté.
Aunque los llamados bikers omiten decir cuántos compañeros se reunirán, al asegurar que “están evaluando la situación”, en evidencia de la división surgida en las últimas semanas entre ellos.
A la par que el abogado Antonio Góngora González dice que ha ofrecido a los motociclistas que está contra la reforma a la Ley de Movilidad, aprobada hace un mes, junto con su entrada en vigor, para que puedan proceder a tramitar su amparo.
Recordó que, desde entonces, diversos grupos de motociclistas han iniciado diversas acciones contra su aplicación, desde protestas a juicios de amparo. En el caso de estos últimos, han sido múltiples los juicios de garantías iniciados en juzgados federales de Cancún y Chetumal. Hasta ahora, unos cuantos han logrado la suspensión, aunque de manera provisional, de los efectos de la reforma.
Mientras las autoridades continúan convocando a las mesas de trabajo y asegurando la ley sigue suspendida, y no se aplica, los motociclistas en Quintana Roo pretenden ampararse, ya sea de manera individual o colectiva.
La petición de los motociclistas, sigue siendo la misma que de principio: derogar y no aplicar dicho artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
Al considerar que el interés político es aplicar el artículo, “y ese interés por supuesto será para que entren a sus bolsas parte de los casi 50 millones de pesos que piensan aplicar como recursos para obtener chalecos y cascos”, de acuerdo al abogado.
Mientras tanto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito ratificó la negativa de suspensión contra la denominada “Ley Chaleco”, promovida por un miembro de un club de motociclistas de Cancún, este sería el primer caso que se conoce de amparo por parte de los motociclistas en Cancún, pues en Chetumal han avanzado dos amparos obteniendo la suspensión provisional.
El Juzgado Quinto de Distrito había negado la suspensión provisional en un acuerdo emitido hace algunos días, dentro del expediente de amparo indirecto 968/2024. Ante esto, el quejoso impugnó en segunda instancia mediante un recurso de queja; sin embargo, los magistrados ratificaron la medida de no otorgar la suspensión provisional, acuerdo judicial dado a conocer este lunes, 26 de agosto.
Dicho resolutivo emitido por el citado órgano jurisdiccional colegiado, indica que el quejoso no logró demostrar una afectación debido a que la aplicación de la reforma a la Ley de Movilidad no ha ocurrido en Quintana Roo, pese a que ya se encuentra vigente.
“En ese orden de ideas, si uno de los requisitos que determina la procedencia de la suspensión es que la parte quejosa la solicite, cuestión que, a su vez, supone la demostración de su interés aun en forma presuntiva, y en el caso no se acreditó, entonces, la suspensión debe negarse”, se informó.
