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Aunque las acciones para retirarle la concesión del agua potable a la empresa Aguakan parecen ir a marcha lenta, para José Enrique Torres López, nombrado el mes pasado como encargado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), sí se han logrado avances muy importantes con relación a este tema.
Por lo que prevé que antes de concluir el 2024, se logre rescindir el contrato de concesión a dicha empresa, la cual brinda el suministro de agua potable a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
El titular de CAPA señaló que por el momento no conoce los términos bajo los cuales le será retirada la concesión a la empresa, aunque aclaró, que no se le tendrá que indemnizar ningún peso después de la finalización del contrato, pues asegura que Aguakan se ha beneficiado en millones de pesos durante años, a costa de los usuarios a los que les ha brindado un servicio por demás deficiente.
Asimismo, aseguró que el organismo que encabeza tiene la capacidad para tomar la riendas que dejará Aguakan y realizar un trabajo que cumpla las expectativas de los quintanarroenses. Una vez se concrete el fin de la concesión de Aguakan, CAPA sería la encargada de brindar servicio en los 11 municipios del estado.
Al día de hoy, la concesionaria del agua potable abastece de agua al 70 por ciento de la población de la entidad, acaparando como resultado el mismo porcentaje de los recursos económicos que deja el suministro de este servicio. Recientemente, la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, dijo que los avances que se han obtenido en el conflicto legal contra Aguakan, serán presentados en su debido tiempo y de forma oportuna.
“Tenemos conocimiento de las estrategias jurídicas que se tienen y el gobierno del estado sigue en el mismo tenor, porque es importante avanzar, pero sin lesionar al pueblo”, dijo Torres Gómez. Desde que el Congreso abrogó el decreto mediante el cual se autorizó la ampliación de la concesión del servicio de agua potable a Aguakan en dichos municipios, hasta el 31 de diciembre de 2054, se dio inicio a un conflicto legal entre el estado y la empresa.
Posteriormente, como era de esperarse, Aguakan presentó un amparo con el cual logró anular dicha orden que cancelaba su concesión; sin embargo, en febrero de 2023, la XVII Legislatura interpuso un recurso de revisión contra aquella medida
