El representante legal de las comunidades de la Zona Limítrofe con Campeche y Yucatán, Andrés Blanco Cruz, destacó que la situación jurídica se encuentra actualmente en un punto de pocos avances y que difícilmente se resolverá a través de acuerdos políticos.
Por una parte, explicó que desafortunadamente es muy complicado que exista una solución a este conflicto de décadas, pues los gobiernos de la Península de Yucatán no ven un resultado favorable en ceder una parte de su territorio: "Ninguno de los gobernadores va a asumir el costo de ceder parte del territorio de sus estados".
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Zona Limítrofe de Quintana Roo recibirá más de 60 millones de pesos para agua potable
Ante este panorama, en el que no es posible cerrar el tema a través diálogo entre las autoridades estatales, Blanco Cruz mencionó que el conflicto tendrá que ser resuelto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un proceso jurídico que se ha enfriado en gran medida por el tema de la reforma al Poder Judicial y las próximas elecciones que se realizarán para eligir magistraturas y personas juzgadoras, por lo que todavía no hay fecha de resolución.
Además, agregó que dada la situación actual es muy difícil que se logre concluir el conflicto durante este año. Sin embargo, aclaró que lo más importante dentro de todo está problemática se encuentran los habitantes de la Zona Limítrofe, quienes a pesar de la incertidumbre legal deben ser atendidos por las autoridades y no quedar en el desamparo.
"Lo que hay que buscar, más allá del tema de que se resuelva, es ver que a la gente se le atienda. Hay que buscar que el gobierno estatal, municipal y federal atiendan la Zona Limítrofe, porque si nos esperanzamos en que alguna instancia jurisdiccional resuelve, creo que nunca lo vamos a lograr", comentó el representante legal.
Cabe decir que han sido los esfuerzos legales de los pobladores de la zona por lo que se ha ido logrando que el gobierno de Quintana Roo y municipal de Othón P. Blanco llevan servicios como agua potable a algunas comunidades Dos Aguadas, Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto.
Incluso, por medio de un amparo obtuvieron una inversión de más de 60 millones de pesos para continuar el proceso de dotación de agua durante el 2025, uno de los principales servicios de los que carecen los habitantes, así como lo son los de infraestructura carretera o la vigilancia.
