Con una audiencia programada para el 26 de noviembre, el Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo determinará si concede la suspensión definitiva contra el decreto que establece el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, publicado el 23 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Esta semana, el juez Ciro Carrera Santiago, a cargo del caso, negó la suspensión provisional solicitada por la empresa Vulcan Materials, que opera en la zona conocida como Calica, argumentando que esta medida cautelar podría afectar el orden social y comprometer el equilibrio ecológico de la región, conforme a la demanda de amparo indirecto número 1035/2024.
La declaratoria cubre 53 mil hectáreas de selva en los municipios de Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel, donde ahora se prohíbe la extracción de material pétreo. La demanda de Vulcan incluye un recurso contra el decreto presidencial que busca proteger estas áreas naturales. Este decreto fue publicado poco antes de que finalizara el anterior gobierno federal.
La superficie designada como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto está en proceso de recibir protección ambiental. Según el juez Carrera, otorgar la suspensión provisional sería improcedente, ya que afectaría el interés social y el orden público.
Defensa de la empresa
Recientemente, Vulcan Materials anunció que se defenderá por vías legales ante lo que considera una “expropiación” de su puerto y cantera en Quintana Roo por parte del Gobierno de México, encabezado por López Obrador. El decreto federal establece la nueva área protegida, que incluye más de 53 mil hectáreas, abarcando 2 mil 387 hectáreas pertenecientes a la empresa estadounidense, equivalentes al cuatro por ciento de la superficie total del ANP.
Vulcan argumenta que la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación le impide acceder a su propiedad y, por ello, planea continuar la defensa legal. En 2022, las autoridades mexicanas suspendieron las operaciones en la mina de Calica por presuntos daños ambientales; sin embargo, Vulcan lo niega, alegando que esto representa una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y podría perjudicar la relación comercial.
El entonces mandatario afirmó: “Nos asiste toda la razón; pueden ir a cualquier tribunal, pero la justicia prevalecerá, salvo que impere la hipocresía”.
