Un operativo de desalojo se llevó a cabo en las cercanías del fraccionamiento Bali, frente a Lomas Aurora, en el que participaron elementos de las policías estatal y municipal, con equipo antimotines. De acuerdo con la orden de un juez, se informó que el predio fue vendido de manera fraudulenta.
Fueron aproximadamente 250 lotes los que desalojados. Los afectados acusaron haber sido timados por una persona identificada como Juan Pablo, quien los habría convencido de que los papeles estaban en regla. Sin embargo, tras la orden judicial, se enteraron de que habían sido partícipes de una invasión ilegal.
Indicaron que, para iniciar el proceso de documentación que les acreditaría la legalidad, entregaron dinero al mencionado individuo, con lo que asumieron que ya tenían la posesión de los terrenos que habían elegido en un mapa lotificado, donde se ofrecían terrenos con precios que oscilaban entre 250 y 300 mil pesos.
Debido a que ya se habían iniciado construcciones en los lotes, y algunas familias, con menores de edad, ya se habían instalado, estuvieron presentes los elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), por si era necesaria su intervención.
En este operativo participaron al menos 50 elementos policiacos, junto con más de ocho camionetas, con agentes protegidos con escudos y petos especiales para evitar ser lesionados en caso de reacciones violentas por parte de los invasores.
Las zonas aledañas a los fraccionamientos exclusivos en desarrollo han sido objeto de interés por parte de grupos de personas que se hacen pasar por dueños, comienzan a lotificar y, de esta forma, inician la venta fraudulenta de terrenos con supuestas escrituras legales.
En la entrada del predio se dejó un sello con un número de expediente judicial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en el que se establece que el terreno es propiedad privada. Se acordonó el acceso y se cerró con alambre de púas.
En redes sociales, diversos grupos ofrecen terrenos sin servicios públicos con una supuesta garantía legal. Sin embargo, con el tiempo, los legítimos propietarios inician un proceso legal y las personas que compraron estos terrenos son desalojadas.
En otros casos, ante la falta de documentación o la ocupación de terrenos federales prohibidos, los terrenos son invadidos de manera permanente, en espera de una regularización por parte de cualquier autoridad o en la expectativa de ser desalojados en cualquier momento.