
A cinco días del asesinato del Capitán de Corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum permanece sin un titular oficialmente designado. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales no han nombrado a un encargado interino, pese a la urgencia de garantizar la continuidad de las labores operativas en materia de seguridad.
Rodríguez Bautista, quien fungía como encargado de despacho, fue ejecutado la noche del viernes en un ataque armado que conmocionó al municipio. Desde entonces, la dependencia opera sin una cabeza formal, en espera de que el cuerpo colegiado del Ayuntamiento apruebe la propuesta que presente el presidente municipal para ocupar el cargo. Mientras tanto, los trabajos de coordinación en seguridad avanzan de forma limitada y sin claridad en la toma de decisiones estratégicas.

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Aunque en los días recientes se desplegaron al menos 200 elementos en distintos puntos del municipio como medida de contención, la ciudadanía ha manifestado preocupación ante la notoria disminución de vigilancia en los filtros de entrada y salida de la ciudad. En las salidas hacia Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, así como en accesos clave de la zona costera, se ha registrado una baja o nula presencia de patrullajes visibles, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre entre residentes y visitantes.
La ausencia de un titular en la Secretaría, sumada a los vacíos operativos en puntos estratégicos del municipio, ha encendido las alertas sobre el estado actual de la seguridad en Tulum, particularmente en un momento en el que se espera alta afluencia de turistas por la temporada vacacional.
Mientras tanto, la ciudadanía espera una pronta definición por parte del gobierno municipal para garantizar el control, la vigilancia y el restablecimiento de la confianza en las instituciones de seguridad. El nombramiento de un nuevo responsable en la Secretaría resulta urgente para restablecer la estructura de mando y dar seguimiento a los compromisos institucionales en materia de prevención del delito y protección ciudadana.