El daño ocasionado al manglar de San Felipe es enorme, es dantesco, luego de que durante un año se deforestó una superficie de dos kilómetros lineales por 15 metros de ancho, en el costado poniente de la población hasta llegar a la salida a Panabá.
José Lafontaine Hamui, delegado de la Profepa en Yucatán, jamás puso un alto al ecocidio, a pesar de los múltiples llamados y denuncias que en ese lapso de tiempo se ventilaron ante la dependencia.
Se trata de la deforestación de manglares en un Área Natural Protegida en la que existen diversas especies, como la palma kuká y palma nakás, amenazadas como otras especies que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana son sujetas de protección especial.
Los pobladores informaron que supuestamente se construiría una carretera, pero también se menciona que un ex alcalde pretendía enajenar esas tierras a favor de particulares para construir un fraccionamiento.
Ambientalistas denunciaron los hechos, al igual que los pobladores, desde hace varios meses, pero la Profepa no hizo caso, sino que permitió que se perpetrara el ecocidio.
Los mismos vecinos informaron que fue el Ayuntamiento de San Felipe, en específico la administración encabezada por Gabriel Marrufo Marfil “El Suncho”, y continuado de manera irresponsable por la actual alcaldesa Juana Baltazar y el síndico Felipe Antonio Marrufo López.
El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Ignacio Machaín Sosa, exhortó a las autoridades a que, a la brevedad posible, lleve a cabo una inspección detallada a la zona de manglares, que comprende los municipios de Río Lagartos y San Felipe, por un posible megaecocidio en el área señalada.
Ese funcionario ha enfrentado numerosas denuncias por corrupción ya que está al servicio de empresarios dueños de la megagranjas porcícolas en Homún.
En el área del manglar destruida se colocaron letreros con sellos de clausura; ahí se observa la magnitud del daño causado, daños que tardarán décadas en subsanarse.
La zona de manglar destruida luce seca, las plantas que fueron rozadas no presentan nuevos retoños, se requiere limpiar el lugar y permitir que el manglar crezca de nuevo, proceso que lleva muchas décadas, explicó Machaín Sosa.
También se denunció el relleno de un área de 300 metros de mangle para construir viviendas y caminos en el costado oriente de la población, donde el sello de clausura colocado en un letrero de madera fue derribado.
Entre las especies que fueron deforestadas figuran Aristida adscensionis, Panicum amarum
Pseudophoenix sargentii Palma Ku Ká; Rhizophora mangle, Sporobolus pyramidatus, Xanthosoma yucatanense, Euphorbia mesembryanthemifolia, Ibervillea lindheimeri. Ipomoea violacea, Iresine flavescens, Lactuca intybacea, Laguncularia racemosa.
“Los reportes ciudadanos indican que se trata de la destrucción sin precedente de dichos manglares protegidos por la autoridad federal, al parecer, por la supuesta construcción de calles donde se ubica el humedal costero”, señaló el dirigente social.
La Profepa clausuró el lugar apenas el sábado pasado, pero el daño está hecho y lo más grave es que no hay denuncia penal de por medio.
Resaltó que el escrito, entregado en la delegación de la Profepa que preside José Lafontaine Hamui, contiene el marco normativo en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre así como la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT- 2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
(Texto y fotos de José Manrique)
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