Está imposibilitado “material y jurídicamente”, advierten
El Congreso del Estado se declaró ayer imposibilitado “material y jurídicamente” para acatar una orden del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial para resolver que el Ayuntamiento de Motul pague un laudo laboral de 420 mil 211 pesos.
Luego de que ese ayuntamiento se negara a saldar este laudo a la ciudadana Rosa María Uicab Maas, el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado vincular al Ejecutivo y al Legislativo para que tomaran las medidas necesarias y se hiciera el pago correspondiente.
Sin embargo, en sesión de pleno los diputados del Congreso del Estado aprobaron un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en respuesta al oficio TTSEM/MP/SRÍA-15/2019 del 8 de enero del año en curso, derivado del expediente 297/2007, presentado por el magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, César Antuña Aguilar, en el que declararon su imposibilidad de llevar a cabo acciones para concretar la disposición.
El documento enviado al Congreso del Estado solicitaba realizar las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de Motul, a cuenta del presupuesto del citado municipio en el ejercicio fiscal vigente y que instrumentara los mecanismos de transferencia a efecto a que se pague a la quejosa el saldo a su favor.
El Poder Legislativo se declaró imposibilitado “material y jurídicamente” de dar estricto cumplimiento a lo ordenado, tal como lo establece la Constitución Política de Yucatán, en materia a las facultades del Congreso del Estado, porque, de hacerlo, equivaldría a violentar el principio de legalidad, al permitir actos infundados y tratar asuntos relacionados al principio de voluntad hacendaria de los municipios.
El acuerdo de la LXII Legislatura también establece que esta soberanía no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de hacienda municipal consagrado en la Constitución Política Mexicana y la local.
Menciona que el presupuesto público de los ayuntamientos corresponde a tres fases: la obtención, el manejo y la erogación de los recursos, además incluye una previsión de ingresos, a través de participaciones federales y/o estatales, derivados de convenios de coordinación fiscal y otros ingresos propios, también incluye una previsión de egresos ya sea etiquetados o no etiquetados.
Estos documentos sólo corresponden a los ayuntamientos y estos podrán a disposición del Congreso local la Ley de Ingresos para la aprobación de dicho proyecto, pero no el de Egresos; por lo que corresponde a los municipios incluir en sus presupuestos de egresos las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores.
El diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, destacó que el problema de los laudos laborales para los distintos ayuntamientos es serio pues hoy se adeudan alrededor de 700 millones en 103 municipios.
Dijo que este documento que recibió el Congreso para el caso de Motul es “una nueva modalidad” de involucrar a otros niveles de gobierno, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, instancias que, aclaró, no son demandados ni responsables de erogar estos pagos, así como tampoco pueden obligar a que se haga el pago al municipio en cuestión porque esto sería violatorio de la autonomía municipal.
Sin embargo, dijo que se pueden buscar otras alternativas por lo que propuso reformar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y para establecer un Fondo Extraordinario de Apoyo a los Municipios que se construya con los ahorros derivados del Plan de Austeridad del Gobierno del Estado y que sirva para el pago de laudos y otras contingencias, como embargos, de los ayuntamientos.
Lo anterior fue propuesto en el pleno y expuso que se presentaría la iniciativa respectiva directamente en la Oficialía de Partes.
En otros asuntos, Cuevas Mena presentó un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, para exhortar a los regidores, así como a los funcionarios públicos municipales, designados para los cabildos de los Ayuntamientos de los municipios a desempeñar su cargo con apego a las disposiciones que establecen la incompatibilidad en el desempeño de su función con otro cargo o empleo en el Estado, la Federación o los municipios, con excepción de quienes ejercen la docencia o la investigación, siempre y cuando no afecten el desempeño de su función.
Rosa Díaz Lizama (PAN) se pronunció a favor de la propuesta e incluso invitó en un futuro a trabajar de manera colegiada a reformar la Ley de Gobierno de los Municipios para restringir a los regidores a ocupar otros cargos, ya que la norma sí contempla a los síndicos, que tienen la obligación de auditar a los municipios, que es una responsabilidad de tiempo completo.
Además, sugirió que este acuerdo no sea limitativo, ya que incluso hace un llamado a cualquier servidor público, incluyendo a los legisladores, a que se acate la ley.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI) también se manifestó a favor del exhorto y a la propuesta de legislar, pero no sólo para sancionar a quienes no cumplan la ley, sino también con una visión en materia electoral, para revisar y garantizar que quienes quieran participar en estos procesos tengan pleno conocimiento de cuáles son los alcances del compromiso con la ciudadanía.
En la sesión se aprobó por unanimidad la convocatoria para el Reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, que será entregado, por primera ocasión, a una mujer destacada, el próximo 8 de marzo del presente año, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La convocatoria invita a los poderes del estado, a las organizaciones sociales y culturales, de enseñanza básica, media y superior, medios de comunicación, asociaciones civiles y demás instituciones dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, para que presenten candidatas que consideren sean merecedoras de dicho reconocimiento.
En otros temas, también se turnó a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, las iniciativas de Ley de Hacienda para reformar, adicionar y modificar la Ley de Ingresos, ambas del municipio de Celestún, así como una tercera para reformar la Ley de Ingresos de Conkal, todas para el ejercicio fiscal 2019.
Además, al mismo cuerpo colegiado también se enviaron dos oficios de los Ayuntamientos de Chemax y Kantunil, ambos solicitando la desaparición de su Sistema Municipal de Agua Potable; por otra parte, a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se turnó el decreto para reformar y derogar diversos artículos del Código Penal del Estado, signada por Manuel Díaz Suárez (PAN).
Asímismo, a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura se enviaron dos iniciativas: la primera para crear la Ley de Seguridad Vial del Estado, presentada por Movimiento Ciudadano, y la segunda para adicionar el artículo 34 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, suscrita por Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN).
(David Rico)