El abogado Edmundo Alzina Campos, ex presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, dijo que en el caso de Motul la autoridad que se encuentra en desacato es el municipio por no pagar el laudo a favor de una ciudadana, pero dijo que el Congreso del Estado pudo haber hecho más y lo único que hizo fue “devolver la pelota que le llegó”.
Como informamos, el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado vincular al Ejecutivo y al Legislativo para que tomaran las medidas necesarias, y se hiciera el pago correspondiente de más de 420 mil pesos a la ciudadana Rosa María Uicab Maas por un laudo laboral.
Sin embargo, el Congreso del Estado determinó que está imposibilitado “material y jurídicamente” para acatar la orden y, entre otros argumentos, expuso que tomar una medida de este tipo violentaría la autonomía municipal.
Alzina Campos, con larga experiencia en el Derecho Laboral, dijo que en efecto la autoridad que se encuentra en desacato es el patrón, es decir, el Ayuntamiento de Motul, pero señaló que el Congreso del Estado tiene la autoridad moral para actuar en este caso, pero no lo hizo, sino que se lavó las manos y devolvió la pelota.
Expuso que el Congreso del Estado no entra en desacato, pues ya respondió a la petición y ahora la autoridad competente deberá evaluar la respuesta y lo que sigue. No obstante, dijo que el Legislativo pudo haber actuado no necesariamente manejando los recursos del municipio; pero sí, por ejemplo, modificando el presupuesto de egresos del Ejecutivo, y así poder destinar una partida para el pago del dinero de las participaciones que se entregan a los municipios.
El pecado
Sin embargo, dijo que aquí el pecado del Congreso va más allá, en el sentido de que este problema ha sido ignorado; porque, si se hubiera tomado en cuenta, se habrían tomado las previsiones en el presupuesto para que se otorgaran recursos para el pago de los laudos.
“El Congreso es el que puede modificar el tema de los recursos que se entregan a los municipios, y ahí podría redireccionar algún recurso del Ejecutivo para el municipio en cuestión, por ejemplo, a cargo de las participaciones”, comentó.
Reiteró que el Congreso del Estado, en este caso, no es el que está en desacato, sino el Ayuntamiento de Motul que es la autoridad obligada a pagar.
“Era responsabilidad del Congreso, desde que se hizo el presupuesto, ver las prioridades y las necesidades de los municipios, pero este problema de los laudos que va en aumento se ha ignorado. El Legislativo es una autoridad y tienen responsabilidades en este sentido”, expuso.
Mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado ya que el Estado y los municipios no pueden ser insolventes, porque son recaudadores y pueden cumplir con sus compromisos.
Alcahuete
El abogado expuso que no se han tomado medidas en estos temas, porque el Ejecutivo ha sido alcahuete de que en cada cambio de administración se despida a una gran cantidad de gente, lo que genera situaciones como la mencionada.
“Aquí los Ayuntamientos deben estar corriendo gente a lo loco. Hay que buscar también mecanismos para que no se esté despidiendo a la gente, porque esto está generando grandes cargas para los Ayuntamientos”, expuso.
(David Rico)