Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación avalaron ayer por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para establecer la inhabilitación de funcionarios que cometan actos de corrupción, hasta el grado de lo que coloquialmente se le conoce como “muerte civil”.
De igual forma, aprobaron por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para dotar de autonomía y cambiar de Vicefiscalía a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.
Y, finalmente, acordaron desechar la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del ISSTEY en Unidades de Medidas de Actualización (UMA’s) y no en salarios mínimos.
La diputada del PAN Rosa Díaz Lizama (PAN), seguida de la presidenta de la comisión Karla Franco Blanco (PRI), aclararon que no hubo discusión de estos temas porque fueron trabajados en una reunión donde se despejaron dudas y acordaron propuestas.
Silvia López Escoffié (MC) indicó que ambas iniciativas dotan al Ejecutivo estatal para que haga un verdadero esfuerzo para combatir a la corrupción, además de que se está trabajando para que en un futuro “la corrupción no dañe a los ciudadanos”.
Miguel Candila Noh (Morena) añadió que con estos dictámenes se está protegiendo al ciudadano y tendrá la seguridad, en cualquier elección popular, que existen candidatos que no han sido sancionados por los casos mencionados; por otro lado, reiteró la propuesta de que comparezca ante esta comisión el titular de la actual Vicefiscalía en la materia, Enrique Goff Allioud, que fue secundada por la diputada Díaz Lizama.
Se distribuyó la ficha técnica y el cuadro comparativo de dos iniciativas que reforman la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación, la primera para incluir la enseñanza de lenguaje con señas y, la segunda, de la lengua maya, ambas en la educación básica.
Por último, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) recordó que el 30 de septiembre se publicó la Ley General de Educación en el Diario Oficial de la Federación, que expide las leyes secundarias de la reforma educativa y que contempla 180 días para que las Legislaturas locales armonicen estas disposiciones en sus normas estatales, por lo que probablemente se hagan actualizaciones y ajustes.
(David Rico)