El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán recibió y desahogó el año pasado 32 juicios para la protección de los derechos políticos electorales, la mayoría promovida por regidores de varios municipios que reclamaban obstrucción al desempeño de sus funciones y retenciones de sus sueldos, manifestó ayer su presidente Armando Valdés Morales.
Precisó que ese recurso legal conocido también como amparo electoral lo puede ejercer cualquier ciudadano y está contenido en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.
–Cualquier ciudadano en forma individual, cuando considere que se le vulneró alguno de sus derechos políticos electorales, puede utilizar ese recurso en casos diversos como la aplicación de multas, negativa al derecho de ser candidato a algún cargo de elección popular de manera independiente o por medio de algún partido político, acotó.
Un caso sentenciado ayer
También señaló los casos en que el ciudadano considere que se le violaron sus derechos a asociarse libremente con otros ciudadanos para crear una asociación o partido político, negativa indebida a su registro, cuando un acto o resolución de una autoridad o de organismo electoral o de asociaciones políticas considere que vulnere sus derechos de votar y ser votado en elecciones, entre otros.
Otra variante es cuando en el desempeño de un cargo de elección popular enfrenta obstáculos y su correspondiente remuneración económica no se cumpliera.
Indicó que el año pasado el Tribunal recibió y resolvió 32 juicios de ese tipo y en otros años también no electorales, se han registrado hasta 40.
Señaló que generalmente los reclamos han sido por parte de regidores por obstáculos en sus funciones y retención de sus remuneraciones, así como solicitudes a autoridades de cierta información para ejercer sus derechos políticos y no les han sido contestados.
Precisamente ayer, el Tribunal sesionó para dictar sentencia a un juicio promovido por la regidora del Ayuntamiento de Muna, Lina Fabiola Negrón Canché, que reclamaba retraso en remuneraciones y cierta violencia política para desempeñar el cargo, pero que luego de estudiar las pruebas aportadas no hubo carga probatoria y, por lo tanto, la demanda se declaró infundada.
Comentó que la mayoría de los casos provienen de ciudadanos de municipios del interior del Estado.
Presupuesto recortado
Por otra parte, dijo que el presupuesto a ejercer este 2020 es de 28 millones 500 mil pesos, un 10 por ciento menos que el año pasado, lo que motivó el recorte de plazas y adoptar medidas de austeridad y de eficiencia, más que todo porque este año, en septiembre próximo, inicia el proceso electoral.
Agregó que el presupuesto se destina a salarios, mantenimiento y renta del edifico, pago de energía eléctrica, diligencias de notificación a municipios, gastos de campo, etcétera.
(Rafael Mis Cobá)