Aún cuando se le ha acusado de contaminar el medio ambiente, la empresa Kekén anunció la reapertura de una planta procesadora porcícola en Sahé.
Roberto Sánchez, representante de la organización Kanan Derechos Humanos, recordó que el modelo de procesamiento de carne porcícola que emplea la empresa no debería ser usado en Yucatán.
“No estamos en una zona en la cual sea apta para eso. Es un suelo altamente permeable, con mucha facilidad se contamina el agua por este tipo de actividades. Incluso, diversos académicos han señalado en diferentes momentos que no es una zona apta para la instalación de ello. No hay forma alguna de evitar la no contaminación por esta actividad”, expuso.
Recientemente, la empresa Kekén reactivó la planta procesadora porcícola ubicada en Sahé, en Yucatán, que tendrá una capacidad de procesamiento semanal de 40 mil cerdos, lo cual se convertirá en un referente nacional.
De acuerdo con información que publicó el propio Grupo Kuo, tendrá una inversión aproximada de dos mil millones de pesos y creará mil 500 empleos directos y siete mil indirectos.
Sánchez criticó que Kekén use el discurso de la creación de empleos, pues lo consideró racista y asistencialista dirigido a personas que viven en comunidades subdesarrolladas, y que detonan que no conocen la forma de vida de los habitantes de la región.
“Kekén está, desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar acciones o espacios para legitimar su discurso y su permanencia en la Entidad, tan es así que ese tipo de acciones son compartidas y aplaudidas por el Gobierno del Estado”, señaló.
“El cual me parece bastante incongruente, tomando en cuenta que el Gobernador (Mauricio Vila) fue a la (convención) COP-26 para decir que tiene un compromiso con el medioambiente”, expuso.
Entre las acciones sociales que ha emprendido Kekén para legitimizar el negocio en la región, es apoyar los proyectos apícolas en la zona de Kinché, a pesar de que afecta ambientalmente a las granjas y a la producción de miel, lo cual ha sido negado por la empresa, dijo el activista.
Otro proyecto ha sido la instalación de centros de atención médicas en las comunidades con consultas a precios bajos o, en ciertas ocasiones, gratuitas.
“La verdad es otra forma de manipulación, ¿no? Es decir, ay, le estamos trayendo bienestar a la gente”, lamentó.El nombre comercial de Grupo Porcícola Mexicano es Kekén. Sus socios principales son: las empresas Porcimaya, Agroindustrias Vanguardia, Agroyucatan, Industria Avícola Olmeca, Grupo Campi e Industria Avícola Olmega.
Kekén es una subsidiaria de Grupo Kuo, “un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países y con más de 24 mil colaboradores”, destaca en la página web.
Dedicada a tres sectores, el de consumo de alimentos, químico y automotriz. El primer rubro se encuentran Kekén, Herdez- Del Fuerte, y MegaMex Foods.
En tanto, el químico está integrado por Grupo Dynasol y Resirene; y automotriz por Tremec y Dacomsa.
Grupo Kuo pertenece a su vez a Grupo Desc, “un sólido grupo industrial e inmobiliario con más de 40 años de trayectoria en el desarrollo de empresas de diversas sectores económicos”, se describe en su página web.
Que fue fundado en 1973 por Don Manuel Senderos Irigoyen, y que hoy está conformado por Kuo y Dine, éste último se dedica a desarrollar proyectos inmobiliarios en México, recientemente en Punta Mita, Bosques de Santa Fe, Rinconada La Estadía, Punta Gorda y Punta Ixtapa.
Para Sánchez, la empresa Kekén ha violentado los derechos humanos de las comunidades yucatecas que defienden su territorio y el medioambiente, como la libre autodeterminación de los pueblos, el de consulta previa, acceso a la información pública, a la participación pública, a un ambiente sano, a la salud y al agua, enunció.
“Y la violación a estos derechos también puede conllevar a la vulneración del derecho a la vida o a la integridad”, planteó el activista.
Lo anterior, dijo, ha sido posible debido a que la empresa cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado.
“Las autoridades ambientales que dependen del gobierno del Estado, que son las principales fiscalizadoras del actuar de la empresa, están totalmente a disposición de ellas. No hay ningún cuestionamiento, no hay una verdadera fiscalización de ver que realmente estén cumpliendo sus obligaciones en materia ambiental, siempre les aprueban sus proyectos”, señaló.
“En el tema de la consulta, que es un tema que la autoridad debe requerir, nunca se la requiere. Entonces, es un tema de corrupción y opacidad de las autoridades con la empresa, terrible. Y no importa el color y el sexenio en el que nos encontremos, siempre es lo mismo”, apuntó.
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JG