Con relación al supuesto despido de seis empleados fundadores del parador turístico del “Corchito”, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), expuso en un comunicado a manera de decálogo, que desde que inició la pandemia, “dada la edad avanzada de estas personas que se quejan de un supuesto despido y de la vulnerabilidad que representan por sus condiciones de salud, se les mandó a sus casas con goce de sueldo. A principios de este año, cuando empezó la reapertura económica, a algunos, no a todos, se les pidió que regresen a sus labores con la aclaración de que, si no podían, de todas maneras, seguirían recibiendo sus sueldos”.
Asimismo, detallan que los posibles afectados, manifestaron que “consideraban que ya no estaban en situación de laborar por sus condiciones de salud y que deseaban renunciar”.
Ante esto, el director general instruyó que se hicieran reuniones en las instalaciones del propio parador con personal del área de Recursos Humanos y de la Dirección de Operaciones, para acordar la cantidad que les correspondería por su separación laboral. Explican que, a pesar de que se trataba de un retiro voluntario el finiquito se hizo, conforme a la ley, tomando como base los años como empleados.
Mencionan que en tanto se hacían los trámites pertinentes, cuatro de los involucrados acudieron a ver al director general para dialogar y éste le ofreció espacios dentro de “El Corchito” a fin de que puedan trabajar por su cuenta y obtener recursos, independientemente de la liquidación.
Cuando personal de Recursos Humanos fue a entregar los cheques respectivos, estas personas dieron marcha atrás a los acuerdos y ya no quisieron firmar.
El documento destaca que, en 2015, cuando se convirtieron en empleados de “El Corchito”, no se les reconocieron los 25 años de trabajo previo, de manera que “su antigüedad laboral comenzó a correr precisamente desde ese año”.
Desde su perspectiva, una de las pretensiones de los inconformes es “obtener más dinero de lo acordado, pero eso no es posible porque primero se trata de una renuncia voluntaria y, segundo, la dependencia tiene que basarse en la antigüedad real de los trabajadores”. Advierten que no acumulan los años suficientes para hacerse acreedores a una jubilación.
Cultura hace énfasis en que “no está apegada a la verdad la versión de que hayan sido despedidos o desplazados. Se dialogó con ellos”. Hay otros seis de los fundadores que siguen trabajando en el parador, sin problema alguno, con lo que se demuestra que nadie ha sido despedido, comentan.
Exhortan a que si “los trabajadores consideran que fueron vulnerados sus derechos tienen toda la libertad para acudir ante las instancias legales correspondientes”.
SY