Cuando era niña, Maribel Ek Can descendía con su padre y su hermano pequeño a las profundidades de una caverna para recoger agua del cenote de Santa María, en Homún, en Yucatán. En medio de la oscuridad, apenas rota por la luz de una vela, veía fascinada unas formas en las rocas que le parecían serpientes petrificadas con sus escamas bien definidas.
“No las toquen ni las lastimen porque ellas tienen vida, y en algún momento se van a despertar. Están encantadas”, les advertía su padre. Ahora, a sus 43 años, vive a unos 15 metros del cenote. Para ella y sus vecinos sigue siendo un centro en sus vidas: agua para beber, agua para limpiarse, agua para lavar, agua como reclamo del ecoturismo. Lo que ha cambiado en la comunidad es que con ocho años ella creía en serpientes dormidas de piedra, hoy los animales que ocupan los pensamientos de los niños son 49 mil cerdos.
Maribel Ek Can se convirtió en guía y, en uno de sus descensos, un grupo de biólogos le enseñaron los nombres y procesos científicos de ese lugar mágico de su infancia. “Me maravillé de saber que los dos sabíamos lo mismo, pero cada uno tenía su forma de nombrarlo”, recuerda.
Poco a poco, descubrió que su cenote, una presencia enorme para ella, era solo uno de los cerca de mil 200 que forman el llamado Anillo de los Cenotes de Yucatán, apenas un diminuto punto azul en el mapa de un ecosistema interconectado del que dependían miles de personas más.
El anillo está desde 2009 en la lista Ramsar de humedales de importancia mundial, un convenio firmado en 1971 por México y de cumplimiento obligatorio para el Estado. En 2013 fue decretado Área Natural Protegida por el Gobierno estatal, lo que significa que está prohibida cualquier actividad “no compatible” con este ecosistema. Pero en octubre de 2016, Enrique Echeverría Chan, entonces presidente municipal de Homún, le concedió a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) una licencia de uso de suelo para instalar una mega granja en la zona.
La Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protegen el derecho de los pueblos originarios a su “autonomía y libre determinación” sobre temas de conservación de su hábitat a través de consultas. Varios habitantes, sin embargo, recuerdan que solo se enteraron de la existencia de la granja cuando en junio de 2017 vieron las obras ya avanzadas que convertirían 113 hectáreas de selva —unos 160 campos de fútbol— en varias naves de concreto para albergar miles de cerdos.
La comunidad de Homún enfureció. José Clemente May, secretario de la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes), recuerda que algunos habitantes llegaron a amenazar con quemar la casa de Echeverría Chan. El 29 de junio de 2017 en una reunión del cabildo se resolvió por “unanimidad” —de acuerdo con el acta— revocar y “dejar sin efecto legal las autorizaciones y/o licencias otorgadas a la empresa PAPO”. Aquel primer acto de resistencia fracasó, explica el abogado ambientalista Raziel Villegas, porque solo un juez puede revocar las decisiones de una autoridad.
“La granja se comenzó a construir con base en todo tipo de irregularidades y violaciones a la ley”, dice Villegas. “Donde PAPO puso la granja es una selva mediana (había árboles de 10 metros), y eso lo tendría que haber autorizado el Gobierno federal [no el municipal] a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para ello, tendría que haber comprobado que no se iba a poner en riesgo la biodiversidad, contaminar el agua y, sobre todo, asegurar que el nuevo uso de suelo va a ser igual o mejor que si siguiera siendo forestal”, explica.
En los meses que continuaron a la tensa asamblea, la comunidad de Homún elevó sus quejas a las autoridades estatales y federales. Según los documentos en posesión de esta reportera, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hizo una inspección para revisar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la granja ya casi construida. En su dictamen señaló que no podía determinar si se trataba de un área forestal o una zona árida. Los datos oficiales del Instituto Nacional Forestal, sin embargo, señalaban que esa zona era una selva mediana. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) dio su visto bueno a la Manifestación de Impacto Ambiental, con la obligación de que la empresa pusiera una planta de tratamiento de aguas residuales, una obra que nunca acabó de construirse.
La granja empezó a operar en agosto de 2018, unos cinco años después de que se declarara área natural protegida, y miles de lechones llegaron a Homún. “En todo ganaban ellos (los empresarios)”, dice Maribel Ek Can, resignada, en el soportal de su casa de paredes amarillo pálido, donde vive con sus cinco niñas y un hijo adolescente. “Pero después… ¡las cartas de los niños ganaron!”.
La contaminación de la mayor reserva de agua
Hace solo un par de décadas los científicos hablaban de unos 300 cenotes que recorrían el subsuelo de la península de Yucatán (compuesta por los Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche). La cifra, según Guillermo de Anda, que preside las investigaciones del Gran Acuífero Maya, puede llegar hasta los 10 mil. Estos conjuntos interconectados de aguas cristalinas subterráneas, que en la cosmovisión maya eran la entrada al inframundo, forman parte de la mayor reserva de agua de México.
La industria porcícola necesita una gran cantidad de agua, y Yucatán se ha convertido en uno de sus destinos predilectos: de 2006 a 2018 la producción porcina de la península aumentó un 36 por ciento. Según un estudio de Greenpeace, publicado en 2020, hay 257 granjas porcícolas en la península que han causado “deforestación, daño al suelo, contaminación a acuíferos, malos olores, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes”. De estas, 43 están en Áreas Naturales Protegidas y solo 22 cuentan con el permiso de impacto ambiental.
“No es un proyecto deseable”, dice sobre la granja en Homún la arqueóloga y maestra en oceanografía Ana Celis, que investiga el comportamiento físico y químico de unos cenotes que representan el 70 por ciento del agua que utilizan los habitantes de la Península de Yucatán. Celis explica que estas industrias filtran una gran cantidad de desechos al subsuelo, que acaban en el agua, la hacen incompatible para el consumo humano e implica riesgos para la salud. Además, generan una alta presencia de nutrientes que provocan una sobreproducción de algas en los cenotes. “El agua ya no va a ser cristalina y tampoco útil, porque ya se alteró ese equilibrio”.
Con información de El País
GCS