Emma Arteaga, integrante del Frente Nacional por la Sororidad en Yucatán, dijo que la Ley Olimpia que se aprobó a nivel nacional constituye un avance de suma importancia, pues es un reconocimiento a la lucha de muchos años de las mujeres y, entre otras cosas, abre la puerta para la homologación de los tipos penales y definiciones de violencia digital en los Estados.
En local, agregó, ya hay una legislación al respecto, relativa a los “Delitos a la imagen personal”, pero no hay protocolos correctos de actuación ni un departamento que investigue en específico este tipo de casos y nadie ha sido castigado, a pesar de que en la Fiscalía General del Estado (FGE) hay como 150 carpetas de investigación.
Comentó que los delitos contra la intimidad sexual, que son los de Ley Olimpia y que en Yucatán están bajo el nombre de “Delitos a la imagen personal”, son delitos del fuero común, o sea que son las Entidades federativas las responsables de legislarlos y perseguirlos, para quienes difundan imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona.
En el caso de la Ley Olimpia aprobada, se establecieron sanciones, para quien incurra en delitos que atenten en contra de la intimidad de las personas, de 3 a 6 años de cárcel y multa de hasta mil UMAS, o poco más de 89 mil pesos al valor actual.
En el caso de Yucatán, existe ya desde el 2018, la tipificación del delito y establece que, para quienes difundan textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio, se le impondrá de un año a cinco años de prisión y multa de hasta quinientas UMAS, unos 44 mil 810 pesos
Con la Ley Olimpia aprobada a nivel federal, implica que ahora las personas y espacios que se rigen bajo las leyes federales están también interpretadas. Por ejemplo, servidores públicos federales y espacios federales como los barcos, las agencias aduanales y otros territorios que pertenecen a la federación.
Pero destacó que la importancia del tema radica mucho en su aspecto simbólico porque, por ejemplo, será el presidente del país el que la deberá promulgarla y esto implica un reconocimiento a la lucha de las mujeres en este tema.
Además, se abre la puerta para la homologación de los tipos penales y definiciones de violencia digital en los estados.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación son 15 las entidades que hasta la fecha han legislado sobre el tema. Dijo que otro tema es que se abre la puerta para seguir legislado sobre Ciberseguridad.
Además, con el reconocimiento a la violencia y el establecimiento del delito en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que ahora se deberán destinar recursos para la prevención y combate de esta modalidad de violencia contra las mujeres, además de la obligación de los estados.
Expuso que, en el caso de Yucatán, ya se tiene incluida esta modalidad de delito contra quienes difundan imágenes privadas sin el consentimiento de la persona, en el Código Penal y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son las reformas de la Ley Olimpia, pero “lo que nos falta es estructurar protocolos para que realmente funcione”.
“En Yucatán nos falta todo. No hay un departamento que vea sobre violencia digital en la Fiscalía General del Estado, no existe, y no tienen conocimiento del tema. A las mujeres que llegan a denunciar las mandan a secuestros y ahí se encuentran las carpetas de violencia digital y no tienen personal capacitado”, comentó.
Según las han dicho, expuso, que se hace una reestructuración en la Fiscalía, para que les ayude en ese delito. Comentó que hay una policía cibernética, pero que su mayor logro es borrar contenido sin llegar a algo más. “En internet siempre se deja huella y si quisieran investigar lo harían, pero como que faltan ganas”, opinó.
La entrevistada consideró que se debe trabajar en un protocolo para llegar a que se haga justicia, pero expuso que se necesita un trabajo conjunto con las autoridades y, en este caso, podrá ser ya también con las federales.
Expuso que, según informes que les han dado, hay 124 carpetas de investigación por delitos de esta índole en el área de secuestros, que es a donde las mandan, porque a las víctimas no las canalizan bien y hay carpetas regadas por toda la Fiscalía, que pueden ser, por lo menos, unas 150.
Puso como ejemplo el caso del joven que fue detenido en fechas pasadas en Yucatán, por delitos de la Ley Olimpia de la Ciudad de México, que ya tenía denuncias acá, pero lo llevaron preso por una denuncia que se hizo en la capital.
“Llevaba molestando a mujeres y niñas desde 2015 en Yucatán y había una víctima en la Ciudad de México, aquí lo atrapan y se lo llevan. Allá está todo más estructurado, por una denuncia que se puso allá lo detuvieron en Mérida, pero acá no se le había atrapado”, comentó.
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JG