Habitantes interponen amparo contra granja porcícola en el Pueblo Mágico de Izamal

Debido a las afectaciones ambientales que ha provocado una granja de cerdos en Sitilpech, comisaría de Izamal, los habitantes de esta comunidad presentaron una demanda de amparo por violaciones a sus derechos ambientales y autodeterminación como pueblo maya, misma que fue admitido por un juzgado federal el 6 de julio.

Indicó que más de 130 habitantes de esta comunidad se organizaron y buscaron a esta agrupación civil, porque notaron que, en el criadero de cerdos, que está a menos de un kilómetro del pueblo, están realizando obras de construcción para ampliar el lugar.

“Les preocupó que la granja continúa creciendo y cada vez apesta más la zona, cuando llueve está insoportable y además de eso les preocupa el agua de los cenotes porque muchas personas siguen consumiendo agua de pozo”, indicó la entrevista, quien además resaltó que a los pobladores no se les consultó si deseaba o no esta granja de cerdos.

Agregó que entre los demandantes hay niños, niñas y adultos mayores y los denunciados son en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por incumplir con sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a este lugar llamada “Kancabchén II”.

“Esto refuerza la idea de que las autoridades estatales siguen concediendo a diestra y siniestra, permisos muy limitados para construir o a veces solamente es un sólo permiso, para operar como granja porcícola, afectando a las comunidades que no se llevan ningún beneficio, sólo causan perjuicios y experimentan la afectación del agua”, dijo.

Medina Puy mencionó que con esta demanda de amparo busca la cancelación de la operación de la granja de cerdos, además de seguir con el debate público de los criaderos de cochinos, porque existen más de 400 en clandestinidad en el estado y se continúa permitiendo que operen, a pesar de que gran parte de lo que producen es de exportación.

Además, agregó que con la demanda colectiva se busca sentar precedentes que indiquen qué obligaciones tienen las autoridades en relación con las granjas porcícolas, porque muchas veces no está claro, sobre todo porque la ley tiene vacíos legales y es por eso que es importante que se establezca con claridad, cuáles son las obligaciones del gobierno.

Indicó que este criadero opera sin los permisos necesarios conforme al marco legal y constitucional que rige el país, sobre todo en la actualidad, donde la empresa encargada del lugar busca aumentar su capacidad de producción, de la cual dijo se estima que se cría más de 40 mil cochinos, lo cual se realiza sin permisos y sin consulta a la comunidad.

La entrevistada dijo que desconoce si la granja forma parte del modelo de aparcería de Kekén, aunque señaló que existe una probabilidad alta de que así sea, porque “hemos visto camiones de Kekén moverse hacia allí, pero hasta ahora no lo podemos confirmar, porque no existe información”, siendo esto último otro problema.

Señaló que el acceso a la información sobre los criaderos de cerdos en el estado es limitado y, a pesar de que han hecho solicitudes, han recibido muy pocos datos al respecto y, en relación a la demanda que interpuso el pueblo, indicó que deben esperar a que se realice la audiencia incidental, la cual está programada para el otro mes.

“Allá se va a definir si se concede o no la suspensión definitiva, ya que le provisional ya se nos negó, pero esperamos la resolución de la suspensión. De allí en fuera seguirá su curso, las autoridades deberán responder sus informes justificados y de allá ya no sabemos qué más vendrá, lo cual dependerá de la respuesta de las autoridades”, puntualizó la mujer.

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Finalmente, Medina Puy comentó que en primera instancia, sino se obtiene la suspensión definitiva, esto obligará a las autoridades a cumplir con sus deberes de inspección y sanciones, así como a apersonarse a la granja y revisar qué es lo que están haciendo, lo que puede dar a pie a la suspensión de actividades.

JG