De las 257 granjas existentes en la Península, 222 están en Yucatán, y de éstas, 31 se encuentran en zonas cuya política ambiental es de conservación y protección, es decir, que las características del territorio en esas áreas son incompatibles con las granjas porcícolas.
Así lo revela el estudio ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? La carne que está consumiendo al Planeta, donde especialistas de la organización Greenpeace confirmaron que, en 10 municipios de Yucatán, se han instalado 31 granjas porcícolas que operan al margen de la Ley, porque han invadido superficies destinadas a la conservación y protección.
Sin embargo, en los últimos 15 años, esta industria ha logrado asentarse en estos suelos protegidos, por lo que violentan normas ambientales y, con ello, ocasionan contaminación de los acuíferos, además de que el mono araña, el jaguar y el loro yucateco pierden parte de su hábitat, debido a la deforestación que han implementado para instalarse.
La investigación que llevó a cabo Greenpeace, demuestra que, en 10 municipios, están distribuidas las 31 granjas porcícolas en este tipo de suelo, de las cuales cinco están en Cantamayec, tres en Santa Elena, dos en Teabo, dos en Chumayel, ocho en Maxcanú, tres en Halachó, una en Muna, dos en Progreso, una en Yaxcabá y cuatro en Tixméhuac.
Tras comparar, por medio de mapas, los suelos de conservación y protección que estableció el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán con la ubicación de estas 31 fábricas de cerdos, la organización civil detectó que éstas han sido instaladas en zonas en las que está prohibido este tipo de actividad agropecuaria y, por ello, el estudio asevera que operan en la ilegalidad.
Dicho programa de ordenamiento territorial fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán en julio de 2007, el cual establece que en las zonas de conservación “se recomienda no cambiar el uso actual del suelo, lo que permitirá mantener el hábitat de muchas especies de flora y fauna, prevenir la erosión, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y asegurar la recarga de los acuíferos”.
No obstante, las 31 granjas, ubicadas en los 10 municipios antes mencionados, trasgreden esta disposición oficial, pues no cumplen con las restricciones señaladas, las cuales también especifican que un suelo de conservación está destinado a la agricultura tradicional y manejo de ecosistemas, apicultura, turismo alternativo, silvicultura, así como a actividades que permitan “garantizar la permanencia de servicios ambientales y funciones ecológicas esenciales para el mantenimiento de la vida”.
De acuerdo con el mismo Ordenamiento Ecológico, los suelos de protección “son las unidades espaciales en donde se han creado áreas naturales protegidas de competencia federal, estatal y municipal, y en aquellas zonas que se determinen importantes por sus características geocológicas, endemismo de flora y fauna, diversidad biológica y geográfica alta y por los servicios ambientales que proporcionan”.
Pero las fábricas que están en Santa Elena, Cantamayec, Teabo, Chumayel, Muna, Halachó, Yaxcabá, Maxcanú, Progreso y Tixméhuac violentan esta disposición legal, al haber sido construidas en suelo de protección.
Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace, apuntó que las 31 granjas están en suelo de conservación y protección, por lo que no garantizan el equilibrio ecológico, dañan la recarga de los acuíferos y atentan contra la diversidad de las especies silvestres, terrestres y acuáticas.
Según el programa del gobierno estatal “en las áreas protegidas se limitarán las actividades productivas que no sean compatibles con dicha protección”. Sin embargo, se permitió la construcción y operación de las fábricas de cerdos, por lo que funcionan al margen de las normas ambientales.
Al respecto, la especialista comentó que esta ilegalidad no se puede adjudicar a una sola autoridad, porque son varias dependencias las involucradas y las que deben autorizar que se instalen estas granjas.
De modo que, desde su perspectiva, el problema radica en la falta de coordinación entre dichas instancias, tanto federales como estatales, pues, para avalar su operación, se requieren varios pasos que deben aprobar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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GH