Para que las personas del mismo sexo en Yucatán se puedan casar no basta con esperar a que esta reforma se publique en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, también tendrán que vencer inercias burocráticas en los juzgados, debido al rechazo que aún muestran servidores públicos y personal administrativo.
A pesar de que la entidad se sumará a 21 Estados que ya aprobaron que dos personas del mismo sexo puedan casarse, es necesario que el gobierno estatal capacite al personal de los juzgados, que los sensibilice y haga adecuaciones para que no les pongan trabas y pretextos para no casarlos.
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Así lo advierten activistas de colectivas y organizaciones civiles que promueven los derechos de la comunidad LBGT+ como Yaaj México y Zines por morras, al señalar que ahora las parejas yucatecas que quieran casarse van a toparse con obstáculos burocráticos, porque así ha pasado en otras Entidades cuando se aprobó el matrimonio igualitario.
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Ana Calderón, integrante e investigadora de la colectiva Zines por morras, aseveró que, para que las parejas del mismo sexo en Yucatán puedan contraer matrimonio sin enfrentar trabas, es necesario sensibilizar a los trabajadores de los juzgados, pues “es muy probable que les pongan pretextos, que les digan que está mal algún documento o busquen cualquier cosa para negarse a casarlos”.
“Aunque a una persona le sea legal pararse en el registro civil para casarse, eso no significa que la burocracia no va a discriminarla pidiéndole más papeles, teniendo un trato hostil, buscar cualquier pretexto para que no sea válido”, explicó la integrante de la colectiva que publicó el volumen I de la Guía Rosi, donde muestran mapas de los acosos callejeros contra personas homosexuales.
Lo mismo señaló Alexis Segura, miembro del grupo jóvenes de Yaaj México, al afirmar que ahora lo que sigue es presionar para que esta ley sea publicada y pueda ser operativa, porque en iniciativas como ésta hay veces que se tardan más de tres meses y por lo mismo no puede entrar en vigor.
Pero a la par de que se publique, “sigue un proceso en los registros civiles para que estos trámites puedan llevarse a cabo de manera amable y gentil con la comunidad LGBT+, porque no sólo se trata de que la ley haya sido aprobada, sino que las autoridades tengan la sensibilización para poder garantizar este derecho, darles información a quienes se acerquen a pedir requisitos y no sufran discriminación en las oficinas del registro civil, porque les pueden negar este derecho a pesar de que haya sido aprobado”, alertó.
Recordó que, en otros Estados, los registros civiles dan largas y ponen trabas, porque los hacen esperar más de lo debido y reiteró la importancia de capacitar al personal de los registros civiles de Yucatán.
Por ello, Ana Calderón comentó que no sólo debe cambiar la ley, sino que el gobierno estatal tiene que ofrecer talleres en los que realmente concienticen al personal, porque no basta con una cuota de talleres de género, sino que debe haber un ciclo de aprendizaje para que este tipo de cosas cambien.
“Ninguna iniciativa de ley tiene impacto si no se llevan a cabo otro tipo de transformaciones, como cambios en las narrativas, cambios en las instituciones de salud, en el trato de la burocracia en general, de modo que se tienen que hacer muchos cambios para que este tipo de iniciativas puedan generar cambios estructurales, por lo que no es labor de una sola institución y para que eso pase se requieren capacitación y sensibilización”, aseveró.
Ana y Alexis opinaron que, sin duda, la aprobación de esta ley muestra un avance importante en Yucatán, porque era el único Estado de la península donde se prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues “es el más conservador de esta región y por lo mismo es el que ha mostrado más homofobia”, apuntó Ana Calderón.
Comentó que la ley que permitirá que ahora ya puedan casarse no es algo que haya nacido del Congreso Estatal de Yucatán, sino que es muy importante marcar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque es quien ha ejercido presión a los Estados para que esto suceda, pues hace algún tiempo hubo una demanda por parte de la sociedad civil de Yucatán ante la SCJN, de modo que “no fue que un día al Congreso se le ocurrió, sino que hubo presión política y cabildeo detrás para que se llevara al pleno de esta legislatura”.
“Esta presión política pudo ser de otros Estados y de la CDMX, no es un logro solamente del Congreso, sino de la sociedad civil y organizaciones que han cabildeado el tema en un estado bastante conservador, que tiene una doble narrativa porque se vende como una ciudad muy segura, abierta para que el turismo llegue, pero con mayor homofobia”, concluyó la investigadora de Zines por morras.
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JG